Las medidas surgen tras la detección de que algunos internos utilizaban los encuentros con familiares y abogados para dar instrucciones a sus redes delictivas en el exterior. Durante 2024, la Justicia Federal y de Santa Fe ordenó la detención de nueve familiares y dos abogados defensores de presos de alto riesgo por presunta vinculación con delitos como narcotráfico, extorsión y amenazas.
El Servicio Penitenciario Federal tendrá la obligación de denunciar cualquier delito que se detecte dentro del sistema y podrá solicitar la intervención de comunicaciones o la prohibición de visitas cuando sea necesario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que las nuevas medidas son “razonables y proporcionales” para evitar que las cárceles sean centros de comando de organizaciones criminales.
Fuente: https://salta.telefe.com/redes