Hace diez años, el 3 de octubre de 2014, Evelia Murillo, maestra rural de El Bobadal, cerca de Tartagal, fue asesinada por José Cortés, un matón del paraje. El motivo: el criminal se vengó de esa manera, porque Evelia le impidió violar a una alumna wichi de 18 años.
Este episodio resulta valioso para tratar de entender desde qué ángulo puede interpretárselo en el marco de la revolución cultural que anunció el presidente Javier Milei en Davos. ¿Estaban ambas mujeres en igualdad de condiciones que el homicida? ¿Fue o no un crimen impulsado por la condición de mujer de la joven y su maestra?
Entre otras cosas, Milei dijo que se ha “normalizado” que el asesinato de una mujer por parte de un hombre se catalogue como feminicidio y conlleve una pena más grave que a la inversa, ya que implicaría a su juicio “que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
Poco después, el gobierno informó que se trabaja en un proyecto denominado “igualdad ante la ley” y que intentará sancionar en las sesiones ordinarias para eliminar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”.
Incluye varios ítems, destinados a eliminar privilegios o beneficios para los miembros del colectivo LGTB, pero el más impactante, y al parecer, jurídicamente inviable, es la derogación de la figura de femicidio como agravante penal. El proyecto en elaboración dirigido por el asesor presidencial Santiago Caputo, es defendido con el argumento de que “no tiene sentido que una pena sea más alta si la víctima es hombre o mujer”.
El caso de Evelia Murillo es especialmente sensible, por lo explícito. Lo cierto es que el número de mujeres víctimas de sus maridos, parejas, violadores o pretendientes es abrumador en la Argentina y el mundo. No existe ni remotamente una estadística similar para los casos de mujeres asesinas de hombres. A lo largo de 2024, según distintas estadísticas, se registraron en nuestro país 189 femicidios y 604 Intentos de femicidio. Hay otras 37 muertes violentas de mujeres, que se investigan.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dio a conocer el compromiso para eliminar del Código Penal el agravante de femicidio, afirmando que implica “una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de población en contra de la otra”.
“Ninguna vida vale más que otra”, expresó en un mensaje en redes sociales donde acusó a las organizaciones feministas de utilizar “a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.
El agravante de femicidio solo se aplica cuando el impulso del crimen se debe a la pretensión de un varón de someter a una mujer o por la creencia de que ella es su propiedad. No existe la emoción violenta en una pelea matrimonial. El asesinato se debe, en estos casos, a que no hay paridad de poder ni de fuerza.
“Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la ley y merecemos la misma protección y respeto”, opina Cúneo Libarona. La igualdad ante la ley no puede aplicarse livianamente a un fenómeno que, como quiera que se lo interprete, es una tragedia social. La igualdad ante la ley supone reconocer las diferencias en la realidad.
El proyecto, salga como salga, es de dudosa consistencia constitucional. El agravante de femicidio fue convalidado por la Corte Suprema en 2015, al dejar firme una sentencia que condenó a prisión perpetua al asesino de su mujer. ¿Estaban en igualdad de condiciones las víctimas de Ricardo Barreda, o Ángeles Rawson frente al portero Jorge Mangeri?
Gobernar y legislar requieren, más que una batalla cultural o una pulseada de ideologías, Una mirada realista y profunda de la realidad.
Una suerte de frivolización destructiva
La batalla “cultural”, tanto desde el flanco libertario como desde el kirchnerismo, es más bien un enfrentamiento ideológico, destinado a la construcción de poder, sin demasiado refinamiento intelectual. Frivoliza la perspectiva de género, que representa y requiere un debate profundo. Distorsionarla en cualquier dirección es quitar del horizonte problemas muy reales y profundos que comprometen a la civilización. Lo cierto es que esta “batalla” entre cúpulas va a convertir a la política en guerra permanente. Y la ciudadanía de a pie será la que pague los costos.
Guerra entre dos intolerancias
La guerra cultural que, al unísono, plantean Donald Trump y Javier Milei anticipa una confrontación bipolar entre visiones políticas y económicas antagónicas, que se satanizan mutuamente, para las organizaciones feministas y de derechos humanos, el discurso de Milei en Davos fue “discriminatorio, homofóbico y negacionista” de la violencia de género, las identidades sexuales diversas y “tergiversador de las dimensiones de la violencia sexual contra los menores”.
El enemigo de Milei es el “wokismo”, es decir la utilización del cambio climático, los derechos de las mujeres y las demandas de inclusión de los discapacitados para hacer política. Su crítica apunta contra la “cultura de la cancelación”, una censura autoritaria que impone sus criterios en esos temas. Pero hay afirmaciones arriesgadas, por ejemplo, “la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, tal cual dijo Milei. Otra pancarta política autoritaria.
Así como los “pañuelos verdes” y los “pañuelos celestes” vienen dividiendo a la sociedad y se convierten en emblemas políticos, el planteo de Milei enfrenta a la otra intransigencia, en la que se enancan el kirchnerismo y la izquierda.