Bajo el marco de la Ley N° 8405 de 2023, que introdujo mejoras sustanciales en los procedimientos administrativos, y la Ley Provincial N° 7.141, Salta ha fortalecido los mecanismos de evaluación, asegurando un equilibrio entre celeridad y rigurosidad técnica.
Una vez presentados, los informes son remitidos a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 7.070, actualmente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyas observaciones se integran en el análisis final. Aprobado el IIA, la Secretaría informa al Juzgado de Minas y remite una copia certificada para su incorporación al expediente judicial, garantizando la trazabilidad del proceso y la continuidad de la supervisión.
Un equipo interdisciplinario y articulación con organismos competentes
El equipo técnico que evalúa los proyectos mineros está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, entre ellos ingenieros químicos, industriales, en recursos naturales, biólogos, geólogos, licenciados en higiene y seguridad, técnicos mineros y profesionales del área social, entre otros. Además de este análisis interdisciplinario interno, el proceso contempla la intervención de otros organismos competentes como la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos y la Dirección de Patrimonio Cultural, que complementan la evaluación con la intervención de sus áreas competentes. Además, es posible nutrir dichas evaluaciones con asesoramientos de organismos nacionales e internacionales cuando la envergadura del proyecto lo requiera.
La normativa provincial también pone especial énfasis en los aspectos sociales, como la ejecución de un Plan de Comunicación y Vinculación Social que debe incluir reuniones periódicas y un estudio de percepción social, garantizando la información y participación activa de las comunidades.
Adicionalmente, el procedimiento incluye otras instancias de participación ciudadana, como las audiencias públicas y la Consulta Previa, Libre e Informada, desarrollándose a través de las dependencias competentes en tales procesos. Las audiencias públicas se desarrollan en el marco de un programa específico del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, mientras que la consulta es llevada adelante por la Secretaría de Asuntos Indígenas, autoridad de aplicación encargada de velar por el respeto a los derechos de las comunidades originarias.
Fuente: https://www.salta.gob.ar/prensa