El juez federal de Campana Adrián González Charvay habilitó la feria judicial para obtener una prueba clave en España, en el marco de la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la Provincia Jorge D’Onofrio y a varias personas de su entorno. Tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el magistrado activó la colaboración con el organismo español para no demorar la prueba.
“Habilítese la feria judicial del mes de enero de 2025 al solo efecto de canalizar el requerimiento oportunamente realizado”, sostuvo González Charvay en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae.
El último día hábil del año, la UIF le había informado al juez que “para solicitar información de requerimientos a Unidades de otros países que conforman el Grupo Egmont” había que llevar adelante el proceso previsto en la Resolución 66/2023. Ese escrito ingresó al juzgado el 2 de enero. Para no demorar más los tiempos, el magistrado habilitó la feria y activó los trámites formales. Entre otros cosas, el juzgado tiene que aportar una “descripción de la hipótesis investigada y su relación con el lavado de activos”
González Charvay investiga a D’Onofrio por lavado de dinero. También fueron imputados y son parte de la investigación la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
Jorge D’Onofrio y Axel Kicillof comparten un acto en la Provincia de Buenos Aires (Imagen de archivo)
La información que pueda aportar España es clave, tal como ocurrió en el caso de Martín Insaurralde. Claudia Pombo -que tuvo que renunciar a la Presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y podría dejar su cargo en breve como concejal- hizo varios viajes a ese país en los últimos años a Málaga y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.
Ambos estarían detrás de Cattleya Blue S.L., una sociedad creada en España para explotar dos restoranes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”. De hecho, la dirección informada por esa sociedad, Calle San Lorenzo 23, coincide con el domicilio de “Tardeo Soho”.
Hay más coincidencias. Desde su cuenta de Instagram, el juez Quattrochi seguía a ambos locales. Y la concejal Pombo se sacaba fotos en uno de los restoranes.
Los viajes de Pombo sorprendieron a los investigadores y son materia de investigación. Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la concejal hizo 5 viajes a España, 5 a Estados Unidos, 1 a Brasil, y 1 a Uruguay.
El ex ministro Jorge D’Onofrio habla durante una rueda de prensa
Al imputar a Pombo y a D’Onofrio, el fiscal federal Sebastián Bringas pidió que se investigue a Cattleya Blue SL. E impulsó otras medidas de prueba que son habituales en las causas de lavado. En ese listado figura un informe pedido a la UIF de todas las personas investigadas. Esa respuesta todavía no llegó al juzgado, según confirmaron fuentes judiciales. En cambio, en los primeros días de enero se sumaron las respuestas de la Dirección Regional Mercedes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
Además de esa sociedad, el juez Quattrochi aparece en Almus Blue. En 2023, según la documentación que figura en el expediente, el juez compró 30 acciones y el resto fueron adquiridas por Matías Germán Trejo, un empresario argentino.
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. La principal está en manos del fiscal de La Plata, Alvaro Garganta. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Antes de la feria, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba. Por su parte, la defensa de D’Onofrio, a cargo de Ramiro Pérez Duhalde, apeló un fallo de la Cámara de San Martín que había impulsado la causa, y pocos días después terminó desistiendo de ese recurso. El ida y vuelta sorprendió a los investigadores.
Fuente: https://www.infobae.com/america/