Laura Caballero, presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Salta, compartió en una entrevista a Radio Salta los logros y desafíos enfrentados por la institución durante el año, así como las perspectivas para el futuro de la vivienda social en la provincia.
Caballero destacó que 2024 fue un año atípico debido a la paralización de numerosos proyectos nacionales de vivienda desde el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, subrayó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de tomar la iniciativa y buscar alternativas para mantener en marcha las obras. Entre las estrategias implementadas, mencionó el desarrollo de un plan de ahorro previo que permitió reactivar proyectos. “Logramos reactivar muchas obras del interior de la provincia, y en los primeros días de enero se completará esta reactivación”, aseguró.
El plan de ahorro previo se consolidó como una solución ante la necesidad de financiamiento. Este programa adjudicó 1.170 viviendas en diversas modalidades. Entre los hitos del año, Caballero destacó el sorteo de 72 dúplex, 200 unidades para grupos especiales y 150 viviendas destinadas a demanda libre.
Sobre el costo de las cuotas, explicó que estas se definirán al momento de la entrega de las viviendas, previstas para dentro de 12 meses. Estimó que podrían rondar los 200 mil pesos, equivalente a un alquiler promedio.
Caballero también aclaró que esta metodología no necesariamente será el sistema predominante a futuro. “Es algo que utilizamos ahora, pero podría implementarse en otras escalas. Se están estudiando diversas posibilidades, incluyendo el desarrollo de lotes con infraestructura”, explicó.
Actualización de cuotas del IPV
En 2024, el IPV reactivó la actualización de cuotas mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), congelado desde 2020 debido a la pandemia. Caballero enfatizó la necesidad de esta medida para reflejar el valor real de las viviendas frente al aumento de los costos de construcción. “La actualización será progresiva para mitigar el impacto en los adjudicatarios”, aseguró.
Sobre los casos de morosidad, indicó que el área legal está analizando los casos, priorizando la habitabilidad y verificando que las familias adjudicatarias residan en las viviendas durante los primeros cinco años. También se revisan contratos antiguos con cuotas mínimas, evaluando su posible refinanciación.
Durante la entrevista, una oyente planteó la problemática de no poder acceder a viviendas sociales debido a la titularidad de un inmueble inhabitable adquirido tras una estafa inmobiliaria. Caballero explicó que, según las normativas vigentes, ninguna persona con propiedades registradas puede inscribirse en el sistema. La desafectación del inmueble es la única vía para solucionar esta situación.
Caballero confirmó que el IPV trabaja en el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda y en la reformulación de planes anteriores para adaptarse a contextos económicos más restrictivos. También mencionó avances en la negociación con el INTA para obtener tierras destinadas al desarrollo de suelo urbano, especialmente en áreas densamente pobladas como el área metropolitana de Salta.
En cuanto a regularización dominial, se están entregando escrituras a familias que llevaban años sin tener la titularidad de sus viviendas. “Esto representa una seguridad jurídica fundamental”, sostuvo.