El gobierno de Axel Kicillof busca tener el Presupuesto 2025, pero se enfrió la negociación ante la falta de diálogo

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Este viernes se tratarán tres proyectos de ley clave para el gobierno de Axel Kicillof

La Cámara de Diputados y el Senado de la provincia de Buenos Aires intentan avanzar en el tratamiento de tres iniciativas clave que impulsa el gobierno de Axel Kicillof: el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento por 1,2 billones de pesos. Sin embargo, las negociaciones hasta el mediodía de este jueves no fueron del todo resolutivas y la jornada amenaza con extenderse. Hay desacuerdos en puntos centrales de los proyectos, y el tratamiento de 206 pliegos de funcionarios judiciales pendientes de votación en el Senado, que podrían hacer caer el resto de los expedientes.

Según fuentes legislativas, la presión ejercida por intendentes, la CGT y las dos CTA y dirigentes de movimientos sociales logró desbloquear ciertas posturas dentro de los bloques de Unión por la Patria (UP), donde algunos legisladores condicionaban su apoyo al gobierno de Kicillof. Sin embargo, hasta el mediodía de este jueves, los bloques de la oposición no aseguraban que la sesión vaya a realizarse. Los espacios que supieron coincidir en Juntos por el Cambios, son quiénes más modificaciones proponen a las tres iniciativas. En el gobierno de Axel Kicillof, sostienen que “se aprobará todo junto -Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento- o nada”.

El proyecto de endeudamiento, que requerirá el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras. A esta hora es el desafío más complejo para el oficialismo. De acuerdo con la gobernación, los fondos serán destinados exclusivamente al pago de obligaciones heredadas de la gestión de María Eugenia Vidal y no implican emisión de nueva deuda.

El pedido de financiamiento corresponde a una suma equivalente a USD 1.045 millones (artículo 33) y otra para la emisión de Letras del Tesoro por USD 250 millones.

El Presupuesto 2025, además, contempla un gasto total de 34,3 billones de pesos y renueva las leyes de emergencias administrativa, económica, en seguridad e infraestructura, vigentes desde 2019. En tanto, la ley fiscal establece topes del 28% de aumento en el impuesto inmobiliario y del 20% en el impuesto automotor, mientras se mantienen las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos.

La oposición, encabezada por los bloques del PRO y una de las facciones de la UCR, presionaba sobre el endeudamiento y exigía ajustes adicionales, como eliminar el artículo 163 del proyecto, que otorga a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) facultades para aplicar incrementos de hasta el 100% en determinados impuestos. También reclama garantías de que el techo del 28% en el impuesto inmobiliario urbano no se modificará.

El oficialismo bonaerense está atravesado en un clima de tensión, por los pedidos de la oposición y los reclamos internos del peronismo

En la previa, las trabas para sancionar los tres proyectos de ley dependían, sobre todo, de la interna de Unión por la Patria. Una discusión que no es nueva, que ahora se trasladó a la discusión legislativa y que tiene a Kicillof, por un lado, y —sobre todo— a La Cámpora, por el otro.

Así lo ilustró el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que apuntó contra “compañeros de nuestro propio espacio político que azuzan a la oposición para obturar las leyes”, mientras que distintos sectores tienen sus propias demandas.

Con la misma tónica, además de los pedidos abiertos de apoyo de las centrales obreras, Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del gobierno bonaerense y dirigente social de Somos Barrios de Pie, pidió a los parlamentarios que apoyen la sanción. “Le pedimos a los legisladores que no jueguen con el futuro de nuestra provincia y acompañen el presupuesto con el que se va a poder sostener la inversión en materia de educación, seguridad, salud y asistencia alimentaria”, dijo el funcionario de Kicillof. “No hay tiempo para intereses particulares ni para especulaciones”, puntualizó.

Con el correr de las horas este asunto se habría “ordenado”, según confiaron fuentes legislativas del peronismo. Sin embargo, todo es fluctuante. El presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara baja, el diputado Juan Pablo de Jesús, va y viene de la Legislatura hacia el ministerio de Economía. La foto parece repetirse a lo que sucedió la semana pasada, cuando las negociaciones no avanzaron y la sesión terminó cayéndose en el Senado.

En paralelo, la trastienda de la negociación abarca a la pulseada por cargos clave en organismos provinciales, como la designación de funcionarios judiciales. Aunque los distintos espacios de oposición aseguran públicamente que los cargos no forman parte activa de las conversaciones, las tratativas paralelas sugieren lo contrario.

La mesa del PJ bonaerense, en una foto que profundizó las discusiones internas en Unión por la Patria

Un legislador del PRO explicó: “No es algo que forme parte activa de la conversación, pero si aparece vamos a discutir y hacer nuestros pedidos”. El partido, liderado a nivel provincial por el diputado nacional Cristian Ritondo, busca recuperar posiciones que considera propias, pero que, según fuentes legislativas, quedaron en manos de otros sectores tras la salida de cinco diputados y una senadora del PRO hacia La Libertad Avanza.

Entre los objetivos principales del PRO figura un lugar en el directorio del Banco Provincia, actualmente ocupado por Santiago Nardelli, ex diputado vinculado al esquema de Patricia Bullrich, quien ocupa el cargo desde 2022. A pesar de que el partido ya cuenta con un asiento en el directorio representado por Bruno Screnci, exministro de Gobierno porteño, buscan ampliar su representación en la banca pública. Los cargos en el directorio tienen una duración de cuatro años, son renovables y requieren la aprobación del Senado bonaerense.

Por otra parte, el partido amarillo volvió a ocupar un espacio en el Consejo de la Magistratura bonaerense, tras la reciente jura del diputado Martín Endere. El avance forma parte de una estrategia de recuperar posiciones de poder institucional dentro de la provincia.

Otro punto pendiente son las vacantes por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con tres integrantes de un total de siete. Ya sea por jubilaciones o muertes de sus miembros, esas sillas nunca se completaron.

Al mediodía de este jueves también volvía a sobrevolar la posibilidad de discutir nuevamente la ley que limita las reelecciones de intendentes, legisladores y concejales. En el Ejecutivo avisaron días atrás que Kicillof no iba a enviar un proyecto a la Legislatura en ese sentido, pese a que está de acuerdo con la discusión y en contra de restringir las reelecciones.

Fuente: https://www.infobae.com/deportes/