Una pareja de enfermeros fue condenada a tres años de prisión en suspenso por intentar inscribir como propia a una recién nacida de 12 días. El hecho se descubrió en el hospital de Las Lajitas, Salta, y la investigación reveló que la beba había sido entregada por su madre biológica en la provincia de Tucumán.
La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio llevado a cabo ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito. Romina Roxana Rea fue condenada como autora del delito de suposición de estado civil y de identidad en perjuicio de la menor, mientras que Juan Alejandro Reyes fue considerado partícipe necesario del mismo delito. Ambos fueron declarados coautores del delito de falsificación de documentos en general.
El caso tuvo inicio en septiembre de 2021, cuando Rea se presentó en el hospital local solicitando un certificado de nacido vivo para la beba, argumentando que el parto ocurrió en una zona rural y que fue asistido por el padre, quien es enfermero. Sin embargo, las autoridades del hospital detectaron irregularidades en la documentación presentada y contradicciones en los testimonios de la pareja.
El gerente del hospital, Claudio Jesús Núñez, realizó un informe que evidenció inconsistencias y adulteraciones en los documentos de la supuesta madre y la recién nacida. A partir de esta denuncia, se inició una investigación que determinó que la madre biológica había entregado voluntariamente a la beba a la pareja en Tucumán. Posteriormente, los imputados trasladaron a la menor a Las Lajitas, donde intentaron registrarla como propia utilizando maniobras fraudulentas.
Durante el juicio, la pareja confesó los hechos, y con el acuerdo de las partes, el juez Ramón Haddad dictó la sentencia de tres años de prisión de ejecución condicional. Además, los condenados deberán cumplir con una serie de reglas de conducta.
Este caso pone de relieve la importancia de los controles en los registros civiles y la necesidad de garantizar que los procedimientos de adopción se lleven a cabo dentro del marco legal, protegiendo los derechos de los niños y evitando situaciones de vulnerabilidad. También plantea la urgencia de brindar apoyo y alternativas legales para las madres que, por diferentes circunstancias, deciden entregar a sus hijos.