La CIDH citó al Estado Argentino a su sede en Washington DC para explicar su regresión en términos de políticas de género y en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales.
Los comisionados solicitaron a los representantes del gobierno nacional dar respuesta ante su decisión, especificando cuáles son las medidas que fortalecen a la justicia en casos de violencia de género y qué programas siguen vigentes en términos de políticas públicas de este tipo.
El gobierno nacional no contestó las preguntas y se limitó a reconocer que la falta de presupuesto es un error y se comprometió a incluir una agenda al presupuesto nacional.
En sus exposiciones, las organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) dieron cuenta de la situación del país y su retroceso en derechos para las mujeres, niños y adolescentes y de la comunidad LGBTQI+.