Los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, comunicaron esta mañana su rechazo al acuerdo económico planteado por Leonardo Cositorto para reparar los daños sufridos por las víctimas de la presunta estafa de Generación Zoe en esa provincia. La decisión fue tomada luego de que el acuerdo no pasara la revisión de Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo.
Los representantes del Ministerio Público habían presentado la posibilidad de esta salida alternativa al Tribunal de Goya, en el que, mediante un juicio abreviado, el líder de Generación Zoe y el resto de los cinco imputados aceptaban su culpabilidad, a cambio de una reparación económica para los 98 damnificados.
De esta manera, el juicio se reanuda.
El rechazo del fiscal general de Corrientes
En el dictamen, al que tuvo acceso Infobae, Sotelo puntualiza: “Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial no puede perderse de vista que también se le recrimina a los imputados la comisión del delito de asociación ilícita, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público”.
Para el jefe de los fiscales, “no resulta negociable que no se juzgue a los nombrados en un debate oral y público por la comisión de los delitos atribuidos y se trate de arribar a una solución de carácter dinerario, cuando existieron distintos bienes jurídicos que se hallaron comprometidos con el accionar de los encartados, máxime teniendo en consideración la existencia de una causa anterior, de similares características, que se ventiló ante los estrados de esta provincia, donde recayó condena”.
Un Tribunal de Goya juzga a Cositorto por la presunta estafa piramidal
En esa línea recordó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal “incardinado en velar por la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y que su intervención en el proceso se justifica “por el interés público comprometido en la relación jurídica de fondo y/o por la faz pública del proceso en sí”.
Además, hizo hincapié en lo que consideró “la misión más importante de los fiscales”: “Afianzar la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. Por esa razón, sugirió a Barry y a Castillo que continúen con el juicio contra Cositorto, sugerencia que los fiscales acataron.
Este lunes, el Poder Judicial correntino emitió un comunicado en el que se detallaba que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carboni y Julio Duarte dispusieron este miércoles como último día para que las partes lleguen a una definición. Después de ese plazo, no volverían a considerar la posibilidad.
De esta manera, se retomó el debate contra Cositorto y Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y los hermanos Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina.
El caso Zoe en la Justicia
Cositorto fue detenido en República Dominicana
El caso Generación Zoe y, en rigor, el de Cositorto, tuvo varios ribetes en la Justicia. Recientemente, la Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, confirmó la elevación a juicio de otra causa penal en la ciudad de Villa María, uno de los mayores centro de operaciones del sistema de estafa piramidal.
La fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys, fue quien impulsó la elevación del caso. Frente a esto, la defensa del imputado presentó un recurso, pero la Cámara del Crimen de Río Tercero lo desestimó. En línea con sus argumentos, sostuvieron que las pruebas indican posibles delitos de asociación ilícita y estafas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino para resolver un conflicto de competencia entre las jurisdicciones de La Plata y Córdoba, que disputaban el caso debido a la cantidad de denuncias presentadas en ambas ciudades.
Finalmente, determinaron que la Justicia de La Plata sería la encargada de investigar las denuncias por estafas reiteradas. Según indicaron voceros judiciales, un grupo de damnificados denunció ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata que Luciano Gaudencio y otros responsables de las oficinas de Generación Zoe en esa ciudad los habrían engañado para que colocaran sus ahorros en inversiones fraudulentas.
La decisión de la Corte Suprema se basó en dictámenes de la Procuración General, que subrayó la necesidad de investigar los hechos en los lugares donde se cometieron. La resolución judicial fue unánime y dejó claro que las acusaciones contra Generación Zoe debían ser abordadas en la jurisdicción de La Plata.
En esta ciudad, la firma encabezada por Cositorto operaba ofreciendo cursos sobre criptomonedas y prometiendo altos dividendos a quienes invirtieran en sus proyectos.