La Justicia de Estados Unidos dijo ayer que estudia su “potencial participación” en el caso de Nueva York por la expropiación en 2012 de la petrolera argentina YPF, en el que el Estado argentino está condenado a pagar 16.100 millones de dólares a varios inversores.
La jueza Loretta Preska falló a finales de 2023 a favor de Burford Capital y otros fondos tras un litigio de más de ocho años contra Argentina; el caso se centra ahora en el complicado cobro de la indemnización, para el que los beneficiarios han pedido que el Estado les transfiera la titularidad de sus acciones de YPF.
En los últimos días, Preska había ordenado entregar mails, WhatsApps y otras comunicaciones de funcionarios para determinar responsabilidades. Burford Capital intenta probar la figura de “alter ego” entre las empresa y el Gobierno argentino para avanzar en otro tipo de pedidos de embargo.
Pedido oficial
El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Damian Williams, envió ayer una carta a la jueza Preska, donde le informa de la “potencial participación” de la Justicia y dice que está “activamente considerando si interpone una declaración de interés” en la moción para la entrega de acciones.
“Estados Unidos espera estar en posición para informar al tribunal de su potencial participación en este asunto, y para interponer su declaración de interés si se le autoriza a ello, no más tarde del 6 de noviembre de 2024”, el día después de las elecciones presidenciales, indica la carta de la Fiscalía.
La Fiscalía pide que la jueza Preska se “reserve la decisión sobre la moción pendiente” sobre la transferencia de acciones de YPF en manos de Argentina -que representa el 51 % de la empresa- “hasta que haya tenido la oportunidad” de indicar formalmente ese interés en el caso.
La indemnización, un problema para el Gobierno de Javier Milei, está siendo apelada en un proceso paralelo donde Argentina ha recibido respaldo de Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, que señalan que el fallo viola su soberanía y que puede perjudicar a las relaciones comerciales con la región.
El fiscal general de EEUU puede enviar a un funcionario de Justicia a “cuidar los intereses de EEUU en una demanda pendiente” en el país, pero el proceso relativo a la declaración de interés implica la coordinación entre agencias del Gobierno y la posterior luz verde del Departamento, lo que lleva tiempo, explica Williams.