Reuniones, llamadas e intercambio de fichas. La negociación es frenética tanto desde el Gobierno como desde la oposición, para definir qué sucederá con el veto presidencial a la ley que aumenta las jubilaciones. El oficialismo busca votos entre los diputados dialoguistas, y la oposición presiona para no tener fugas del listado que en junio votó a favor de aprobar la norma.
Ayer la Cámara de Diputados oficializó la convocatoria para la sesión especial en la que se debatirá el veto a la ley de jubilaciones, la que quedó establecida para mañana a las 11. Las horas vuelan y los políticos lo saben.
En este tiempo de descuento, ayer funcionarios del Gobierno encabezados por Karina Milei, se reunieron en Casa Rosada con los jefes de bloques de Diputados de La Libertad Avanza, del MID, y el PRO. La hermana del presidente Javier Milei fue la cabeza visible del intento por evitar un nuevo revés en el Congreso si la oposición logra reunir los dos tercios para insistir con la ley que incrementa en 8,1% los haberes jubilatorios.
Alrededor de la mesa ovalada del Salón de los Escudos se sentaron el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara de Diputados; Martín Menem; el titular de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque del MID, Oscar Zago. Cada uno de ellos fue acompañado por legisladores de sus bloques.
Por el lado del Gobierno, junto a Karina Milei estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros miembros del Gobierno.
Reclamos y consensos
Los funcionarios escucharon reclamos y lograron acuerdos, como el compromiso de “trabajar” semanalmente en una mesa de “coordinación parlamentaria”.
El más contundente fue Ritondo. “Vamos a sostener el veto” presidencial a la reforma jubilatoria votada por el Congreso, adelantó el titular del bloque del PRO, quien también deslizó un dejo de malestar de su bancada por no haber sido notificados en el anterior encuentro del decreto que restringe el acceso a la información pública.
La explicación que dio fue: “Acá no se discute solamente ese 8% (de suba) a los jubilados sino también las cajas provinciales y un sistema que el Estado no puede pagar. Alguien debería decir de dónde hay que sacar los recursos para pagarlo”.
También reclamó que el oficialismo incorpore en su agenda iniciativas del PRO como la privatización de Aerolíneas Argentinas y una norma que busca restringir las jubilaciones de privilegio e, incluso, eliminar la que mensualmente cobra el expresidente Alberto Fernández.
Al final del encuentro, Ritondo dijo que también “se dialogó sobre cómo corregir la relación en el Parlamento y una propuesta a futuro teniendo en cuenta que el 16 de septiembre entraría el Presupuesto”.
Los radicales divididos y los apoyos provinciales
El radicalismo, que había sido el impulsor de la ley para ajustar las jubilaciones, ahora iría dividido a la sesión de mañana en Diputados que deberá decidir si insiste con la ley o ratifica el veto del presidente Javier Milei.
De los 34 legisladores que integran el bloque del partido centenario, siete al menos podrían cambiar de opinión y ahora apoyar el veto del Ejecutivo a la ley jubilatoria.
Uno de los primeros adelantar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque explicitó su voto a favor de la posición del Gobierno. Lo mismo haría su colega cordobesa Soledad Carrizo. Ambos se justifican en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, como afirma el oficialismo.
A ellos se sumarían legisladores radicales que responden a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), cercanos a la Casa Rosada. Y también la santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat.
A este grupo de “escindidos” le salió al cruce el presidente de la UCR y senador nacional, Martín Lousteau. “No se puede tener a más de la mitad” de los adultos mayores “por debajo de la línea de pobreza”, aseguró y recordó a los díscolos que la ley de movilidad “nació de la mano de la UCR” y que si los legisladores radicales ahora van a cambiara su voto, “tendrán que dar explicaciones” de por qué lo hacen.
En Casa Rosada hacen números y suman entre los posibles apoyos al veto presidencial, a los diputados que responden a gobernadores “afines”, como los de Salta, Neuquén, Misiones y Río Negro. Son los nueve integrantes del bloque Innovación Federal, cuyos jefes políticos mantienen un buen vínculo con el Gobierno de Javier Milei.