Desde el 28 de julio pasado, cuando desconoció obstinadamente la categórica derrota electoral a manos de Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición Corina Machado, Nicolás Maduro ha mostrado su perfil más auténtico, el de un dictador aferrado al poder y dispuesto a someter a la sociedad venezolana al costo que fuere para conservar su trono.
Con la misma desfachatez con que decía hablar con pájaros o sobre apariciones sobrenaturales, acusa a sus adversarios de inexistentes intentos de magnicidio en su contra. El único delito por el cual González Urrutia debe vivir en clandestinidad es el de haberle ganado a Maduro. Es la impotencia propia del poder espurio.
Lo mismo sucede con las seis personas asiladas en la embajada argentina en Caracas. Acorralados ahora y privados de agua, alimentos y de luz fueron dirigentes de la campaña opositora: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y el ingeniero Fernando Martínez Mottola, exministro de Transporte y Comunicaciones durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
Su crimen es ser opositores, a los que se les niega el derecho a recibir un salvoconducto para abandonar el país. Maduro, enardecido, ahora retiró a Brasil la atribución de custodiar nuestra embajada, lo que el gobierno de Lula venía haciendo desde que el déspota echó al embajador y a todos los diplomáticos. Para la Argentina, pero también para Brasil y Colombia que son los únicos vecinos que no han roto del todo con el régimen, la crisis diplomática y la amenaza a los derechos humanos que plantea el chavismo se vuelven casi inmanejables.
Apoltronado con su círculo de poder, que integran su esposa Cilia Flores y los militares Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, junto con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Maduro desafía al mundo. Poco queda de aquella Venezuela relevante y, a la vez, hospitalaria, que conservó su democracia en medio de décadas de dictaduras en la región.
Hoy, en manos del régimen, parece encaminada a sumergirse lentamente hacia un pantano de creciente insignificancia. Aquella potencia petrolera, con liderazgo dentro de la Opep, en 25 años de chavismo se convirtió en un páramo de pobreza, apoyada solo por gobiernos autoritarios como los de China, Rusia e Irán, a los que interesa apenas por razones comerciales, militares y geopolíticas.
De los tres millones de metros cúbicos que exportaba Pdvsa por día en 1997, hoy apenas produce trescientos mil, mientras los técnicos que expulsó Hugo Chávez aplican su exitosa experiencia en petroleras de Colombia, de Guyana y del resto del mundo.
En pocos años, los venezolanos que pudieron migraron con lo puesto. Nada menos que el 25 % de la población está distribuida por varios países. Y lo puesto que se llevaron es mucho: la migración más grande de las últimas décadas está compuesta por personas con formación profesional y hábitos culturales de trabajo.
Maduro, levantando la bandera de Hugo Chávez, ha resuelto llevar a su país al aislamiento en nombre del socialismo, la soberanía y el antimperialismo.
Hoy, enclaustrado en la incompetencia y un autoritarismo arcaico, el chavismo encarna una genuina dictadura cívico militar, que evoca las fracasos de Cuba, Nicaragua y Haití. Su verdadero sostén son los Fuerzas Armadas y la casta de nuevos ricos que rodean al dictador.
En la última década, los informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denunció “una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Incluso, describen la militarización de las instituciones del Estado y la presencia de “grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos'”, que asesinaron a 52 personas en las protestas realizadas de enero a mayo de 2019. Solo en 2018 el Gobierno había registrado 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, Bachelet da cuenta de otras 1.569 personas asesinadas y de 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
Según José Miguel Vivanco, de Human Right Watch, “la degradación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es tal que Nicolás Maduro ha optado por abandonar incluso su fachada democrática”.
Y esa es la clave: lo que está ocurriendo en nuestra embajada en Caracas es una violación a los Derechos Humanos. Y una violación al Derecho Internacional. Es una acción premeditada por un gobierno ilegítimo, desconocido por el resto del mundo. Pero dispuesto a quedarse todo lo que pueda, apoyado en el fraude, en las bandas militarizadas y en las propias Fuerzas Armadas.