Una de las modificaciones más significativas es la nueva definición de “información pública”, ya que, según el Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, generados o controlados por personas físicas o jurídicas privadas, o que no involucren un interés público comprometido, y que estén fuera de la gestión de los sujetos obligados enumerados en la ley.
En respuesta a estos cambios, los diputados del PRO emitieron un comunicado en la red social X, donde señalaron que alterar la norma sin consenso “representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”.
También subrayaron la importancia de la ley para la ciudadanía porque “garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”.
La Ley de Acceso a la Información Pública fue presentada por Mauricio Macri en abril de 2016, poco después de asumir la presidencia, y promulgada en septiembre del mismo año. Su reglamentación completa se llevó a cabo en 2017, aunque varios artículos e incisos fueron modificados por un decreto de necesidad y urgencia (DNU).