El Gobierno de Javier Milei decidió prorrogar por un año la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El organismo había sido intervenido por el plazo de 180 días el pasado mes de enero. Al vencer el plazo, el Poder Ejecutivo explicó que el proceso fue satisfactorio a la hora de evaluar e informar sobre la situación del Ente “con la finalidad de proceder a su reestructuración y adecuación a los nuevos lineamientos de simplificación y libre competencia promovidos por el Gobierno Nacional”.
“Dicho proceso de análisis y evaluación ha dejado en evidencia la falta de procedimientos adecuados en los programas, la falta de control suficiente, una estructura inadecuada y sobredimensionada, la ausencia de objetivos claros, discrecionalidad en la aplicación de fondos, entre otras observaciones que resulta necesario encausar”, informó el Poder Ejecutivo. En este marco se elevó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología el informe del estado del organismo para plantear los pasados a seguir.
Cuando se decretó la intervención meses atrás, Casa Rosada denunció que se han verificado importantes decisiones adoptadas por el organismo “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, lo que motivó, según argumenta el documento, numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos.
“La intervención del ENACOM es una etapa transitoria, pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, habían manifestado en aquella oportunidad desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí se dispuso la realización de una auditoría del destino de los fondos públicos “para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente”.
Asimismo, indicaron que se revisará toda la regulación vigente y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo. “Luego de la intervención, el ENACOM continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”, había adelantado el Gobierno.
Ahora, se argumentó que “el proceso necesario para instrumentar tales propuestas requiere de un tiempo y una centralización de las decisiones que amerita que la conducción del mentado organismo sea de carácter unipersonal, de forma tal de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades”.
En el Decreto 675/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, se explicó con respecto al tiempo para llevar a cabo todo el proceso de intervención, “debe ser lo suficientemente amplio para contemplar, entre otras cuestiones, las modificaciones normativas necesarias y la instrumentación y aprobación de las modificaciones a los programas existentes”. En efecto, “ante la necesidad de que las modificaciones y procesos de reforma que se han iniciado puedan desarrollarse y culminar adecuadamente y obtener resultados satisfactorios”, el Gobierno decidió prorrogar la intervención del ENACOM hasta el 7 de julio de 2025.
A principio de año se eligió como interventor al licenciado Juan Martin Ozores, secundado por dos interventores adjuntos: la doctora Patricia Zulema Roldan, una abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
En esta oportunidad, el Gobierno decidió concentrar todo en Ozores, quien continuará liderando la intervención “con rango y jerarquía de Secretario”. “En el ejercicio de su cargo, el Interventor tendrá las facultades y competencias establecidas para la Autoridad de Aplicación en las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus respectivas modificaciones, especialmente las que se le asignaran al directorio del ENACOM y ejercerá la representación legal del organismo”, se indicó en el decreto firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La industria de las telecomunicaciones es un área clave y su regulador, el Ente Nacional de Comunicaciones tiene un rol fundamental en la regulación, las inversiones, las tarifas y las licitaciones de licencias de negocios vitales, como son la provisión de internet y la telefonía móvil.
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