A lo largo de tres jornadas distribuidas en paneles y ponencias, se realizó en Buenos Aires el “Taller sobre Recuperación de Activos Provenientes de la Minería Ilegal en América Latina: Abordando la Amenaza con un Enfoque Regional”, un evento que convocó a fiscales, policías, analistas de inteligencia financiera y especialistas de 15 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 9 de otras entidades internacionales.
La actividad se desarrolló desde el 23 al 25 de julio y estuvo organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de los Estados Americanos (OEA-DDOT), que contó con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT). Tuvo como propósito reunir a agentes y personal especializado de países beneficiarios del proyecto “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal”, implementado desde 2020 por el DDOT.
Durante los tres días, se llevaron a cabo una serie de encuentros temáticos y presentaciones en sesiones de debate abierto. Entre los temas abordados se incluyeron: “Minería ilegal y comercio de oro: identificando tendencias de tráfico ilícito”; “Marcos legales para el combate a la minería ilegal y a los delitos ambientales en América Latina”; “Persecución penal de los delitos relacionados con la actividad criminal en el sector de la minería”; “Riesgos de lavado de activos asociados al comercio de metales y piedras preciosas”; y “Resultados operacionales en el combate a la minería ilegal en la región”.
La actividad se desarrolló desde el 23 al 25 de julio y abordó la problemática de las finanzas ilegales provenientes de la minería (Foto: X)
En el inicio del taller, expusieron Jessica Kuhn, consejera política interina en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, y Alberto Föhrig, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad. También Gastón Schulmeister, director del DDOT; Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT); e Ignacio Martín Yacobucci, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.
A su vez, formaron parte de las distintas actividades el fiscal General de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del Ministerio Público Fiscal, Santiago Marquevich; Fernando Martínez, director nacional del Servicio Penitenciario Nacional; el comisario de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle; el prefecto general Alejandro Paulo Annichini, de la Prefectura Naval; el comandante general Antonio del Pilar Bogado de la Gendarmería Nacional; y el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo, entre otros. Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intervino en la actividad final.
El seminario, que contó con más de 50 asistentes, apuntó a ofrecer capacitación técnica y ejemplos de casos globales para enmarcar los desafíos de la minería ilegal en el hemisferio sur. En ese marco, el mencionado proyecto “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro”, que produjo cinco documentos catalogados como de “diagnóstico nacional”, sirvió como base en tanto permitió la identificación de dieciséis tipologías de lavado de dinero asociadas a la minería ilegal.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el cierre del evento (Foto: Argentina.gob)
En rigor, las conclusiones de ese trabajo confirmaron que en algunos países las finanzas ilícitas generadas por la minería ilegal son superiores a las ganancias de otras actividades criminales, como el tráfico de drogas. La minería ilegal conlleva mayores consecuencias económicas, sociales y ambientales en los países donde se lleva a cabo.
La agenda del evento se estructuró en un total de 15 paneles dedicados al estudio del fenómeno, seguidos de preguntas y respuestas en espacios de conversación abierta. Su eje temático radicó principalmente en la recuperación de activos y el fomento de la colaboración internacional en esa materia y el fortalecimiento de las capacidades para compartir información respecto al ilícito abordado.