Este plan busca solucionar a largo plazo las crisis hídricas de la vía y tiene un coste estimado de más de 1.200 millones de dólares para su construcción en seis años, además de 400 millones adicionales para “sostenibilidad”.
“El costo aproximado excede en 1.200 millones de balboas solamente en construcción física, el costo relacionado con la sostenibilidad, la atención a las comunidades, posiblemente agregaría, y eso estaba en la presentación que se hizo en 2020 a la ejecutiva, aproximadamente unos 400 millones de balboas”, indicó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.
Esos 400 millones de dólares relacionados con el área del embalse de Río Indio no estarían destinados únicamente a indemnizaciones, “sino que el efecto es proveer una solución integral y tratar de mantener a la persona con las condiciones de vida o mejorarle las condiciones de vida de donde proviene”, anotó Vásquez.
El proyecto de embalse de Río Indio, según el administrador del Canal de Panamá, tendría una duración estimada de seis años y afectaría directamente a unas 500 familias, aproximadamente 2.000 personas. Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones individuales con las familias y grupos específicos, ya que se trata de una población bastante dispersa.
La cuenca de Río Indio abarca una extensión territorial de 580 km² según la división político-administrativa de Panamá. Esta cuenca atraviesa tres provincias (Coclé, Colón y Panamá Oeste), cinco distritos, 11 corregimientos y 228 lugares poblados.
Se espera que los tránsitos diarios de buques en el Canal de Panamá aumenten a 35 a partir del 5 de agosto próximo (EFE/ Carlos Lemos)
Aumento de responsabilidades
Este anuncio se produce después de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declarara inconstitucional la Ley 20 de 2006, que había modificado los límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Esta decisión devolvió a la vía acuática una importante extensión territorial para la creación de nuevos embalses, restableciendo la Ley 44 del 31 de agosto de 1999.
Vásquez explicó que la Ley 44 del 31 de agosto de 1999 “aumenta el área de responsabilidad del Canal de Panamá”, permitiendo la administración de nuevos recursos hídricos para el paso de embarcaciones por la vía interoceánica y, como prioridad, garantizando el suministro de agua para el consumo humano.
“Aproximadamente unos 2 millones y medio de personas se surten de agua de los lagos del Canal de Panamá. Nosotros tenemos que servir esa cantidad de personas y anticipamos que esa población va a seguir creciendo en el área urbana y eso genera demasiada presión sobre las fuentes de agua en las cuales opera el Canal de Panamá”, afirmó.
El Canal de Panamá, inaugurado en 1914 por Estados Unidos y una vía crucial para el comercio mundial, ha tenido que reducir el número de buques que transitan diariamente debido a la sequía. Esta situación ha afectado tanto sus ingresos como sus aportes al fisco.
En condiciones óptimas, el Canal de Panamá permite el cruce diario de entre 35 y 36 buques que unen el Atlántico con el Pacífico. Sin embargo, la sequía estacional de 2023, que fue más prolongada de lo habitual y exacerbada por el fenómeno de El Niño, obligó a reducir gradualmente esta cifra, alcanzando solo 22 tránsitos diarios en noviembre. A pesar de las dificultades, nunca se llegó al peor escenario previsto de 18 tránsitos diarios en febrero pasado.
Con la mejora de las condiciones debido a la llegada de lluvias en el Lago Gatún, el reservorio artificial inaugurado en 1913, y el Alhajuela, un embalse mucho más pequeño de 1935, se espera que los tránsitos diarios de buques en el Canal de Panamá aumenten a 35 a partir del 5 de agosto próximo. Este canal, único de agua dulce en el mundo, ha ajustado sus operaciones gracias a la recuperación hídrica de estos reservorios clave.