Un reducido grupo de líneas de colectivos verá sus frecuencias reducidas e incluso podrían no circular desde las 0 horas de este viernes 5 de julio. Se trata, en principio, de al menos tres: 143, 114 y 338, aunque habría otras más, según indicaron desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes.
El conflicto se inició por un retraso generalizado en la mayoría de las empresas de la cancelación del aguinaldo y parte de los salarios a los trabajadores. No obstante, esa situación comenzó a regularizarse en el transcurso de este jueves, luego de que el sindicato planteara formalmente la queja ante las empresas.
El encuentro se dio por zoom, durante la mañana de este jueves 4 de julio, y se conectaron a la audiencia virtual el sindicato, por un lado, y representantes de las cinco cámaras empresarias, por otro. Allí se logró destrabar buena parte del conflicto, ya que los mismos dirigentes reconocieron que la mayoría de las líneas comenzó a regularizar la deuda con sus trabajadores durante el transcurso del día.
Sin embargo, la normalización del pago quedó incompleta. Las líneas mencionadas junto a un grupo menor de empresas, continúa adeudando montos, según explicaron desde el gremio a Infobae. Por ese motivo, pasadas las 17 horas se conoció un comunicado que confirmó la medida de fuerza en los casos citados.
“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) informa a la comunidad y a los usuarios del transporte público de pasajeros que, debido a la falta de pago de salarios por parte de algunas empresas del AMBA, se ha decidido llevar a cabo una abstención de tareas en dichas empresas”, introduce la información que difundió el gremio.
Luego continúa: “Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cuál impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma”. Allí, se da una situación que suele reiterarse: si bien la responsabilidad de los atrasos obedecen a una responsabilidad de las empresas que concesionan el servicio, las medidas de fuerza terminan destrabando fondos del Estado, que luego regulariza el envío de fondos en concepto de subsidios.
“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los usuarios, pero la situación actual no nos deja otra opción. Reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y con la comunidad, esperando que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando el conjunto de los trabajadores”, concluye el texto que difundió la UTA.
Las cinco cámaras, AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA, agrupan al rededor de 200 líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El último conflicto con el gremio se presentó en abril, cuando los dirigentes reclamaron que un pago que se había realizado en el primer mes del año, luego dejó de depositarse.
En aquel momento, el sindicato afirmó que, en función del convenio colectivo de trabajo firmado, les corresponde un sueldo básico de 987.000 pesos, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, es decir un incremento por la inflación de ese mes. Esa suma es la que la UTA plantea como un derecho adquirido y le reclama a los empresarios que la depositen regularmente.
Esa discusión logró sanjarse, luego de medidas de fuerza que dejaron sin transporte a los usuarios.
El Gobierno intercedió, pero las empresas volvieron a esgrimir, en esa oportunidad, que sus ingresos deben ser revisados, ya sea a través de un incremento de tarifas o bien, en los subsidios. “Un boleto sin subsidio es de 1200 pesos”, afirmaron los empresarios por esos días.