El sistema previsional argentino se destaca por su extensa cobertura, alcanzada en gran parte gracias a moratorias previsionales aprobadas en las últimas dos décadas. Sin embargo, esta cobertura convive con serias inequidades y falta de sostenibilidad financiera. Parte del problema se origina en que el régimen general, que en los últimos 30 años ha sufrido innumerables reformas, contrareformas, parches y medidas “por única vez”, coexiste con cerca de 200 regímenes de excepción, lo que resulta en un sistema profundamente fragmentado.
Estas excepciones incluyen regímenes diferenciales y especiales, retiros militares y de fuerzas de seguridad, sistemas no contributivos, regímenes provinciales y cajas profesionales. Juntos, representan aproximadamente el 50% de los beneficios totales. La fragmentación del sistema y los reiterados incumplimientos de las normas por parte de los sucesivos gobiernos devienen en un sistema caro e injusto.
El régimen general necesita un reordenamiento que lo modernice, lo haga más consistente y equitativo. Uno de los problemas más críticos es el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa. En un mercado laboral con alta informalidad y desempleo, este umbral es difícil de alcanzar para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Las moratorias previsionales han sido una solución temporal para quienes no cumplen con este requisito, permitiéndoles regularizar aportes no realizados y acceder a una jubilación. No obstante, esta solución genera inequidades y dependencia de medidas excepcionales. Por ello, es importante replantear el sistema para que se reconozcan todos los aportes realizados a lo largo de la vida, sin requisitos mínimos. Otros aspectos del sistema, como la edad de retiro o el funcionamiento de las pensiones por fallecimiento e invalidez también deben ser analizados y actualizados.
Hoy, en la arena política se están debatiendo dos aspectos clave del sistema previsional: qué hacer con aquellas personas que no alcanzan el mínimo de años con aportes y si la movilidad de haberes establecida en el DNU 273/24 es adecuada o deben ajustarse algunos aspectos. En el primero de los casos, el proyecto de Ley Bases propuso en su versión aprobada por Diputados la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” en reemplazo de las moratorias. Aunque esta iniciativa parece haber sido descartada en el debate del Senado, vale la pena considerarla para evaluar su posible impacto. Como no eliminaba el mínimo de 30 años de aportes para acceder a beneficios plenos, la propuesta mantenía la fuerte situación de inequidad actual, además de tener una falta de claridad en la definición de parámetros clave y generar incertidumbre, ya que no establecía reglas claras sobre aspectos como la movilidad, la generación de derechos a pensión o incluso la cobertura de salud de los beneficiarios.
Desde CIPPEC proponemos que, en lugar de agregar un nuevo parche al sistema, se avance en una reforma integral que asegure una cobertura básica universal para todos los adultos mayores y un beneficio proporcional, que reconozca todos los aportes realizados a lo largo de la vida, sin requisitos mínimos que generan injusticias e incentivos a buscar nuevas excepciones. Esto traería más progresividad, más previsibilidad y saldaría discusiones políticas respecto a los años de aportes. Además, es el paso necesario para poder ordenar el gasto e incorporar a la sostenibilidad como elemento central del sistema.
Jubilados dando un paseo en una imagen de archivo. EFE/LUIS TEJIDO.
En segundo lugar, el Gobierno dictó en marzo pasado un DNU que modificó la fórmula de actualización de haberes, estableciendo un mecanismo que toma a la inflación como parámetro. En el esquema de transición entre la vieja fórmula y la nueva, el sistema no compensa completamente la inflación de enero de este año. Frente a este hecho, y en el marco de una caída de 37% del valor real en los últimos siete años, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que incluye, además de la actualización por inflación, un adicional de 7,2% para compensar la inflación de enero. Más importante aún, el proyecto incorpora un aumento adicional anual, asociado a las mejoras en los salarios reales, lo que hará más equitativo el sistema y reducirá la litigiosidad futura. Ambas propuestas implican un gasto público superior al definido en el marco del DNU y la ley Bases, pero significativamente inferior al gasto promedio de los últimos años. Por ello, creemos que el debate no debería ser sobre los impactos de corto plazo de una u otra propuesta, sino sobre cómo construir un sistema que sea efectivo y sustentable en el tiempo.
El desafío de reformar el sistema previsional argentino es complejo, pero no insuperable. La clave está en diseñar un sistema que mantenga su alta cobertura, mejore la equidad y evite generar inestabilidad en el frente fiscal. Reducir la fragmentación del sistema permitiría mejorar en forma significativa tanto su equidad como sostenibilidad. Evitar excepciones y diseñar reglas considerando las tendencias demográficas de mediano y largo plazo son pasos cruciales en esa dirección. La propuesta de CIPPEC es un intento de contribuir a este debate, necesario y urgente.