Tras años de espera, la actual administración del municipio de Coronel Moldes licitó y adquirió un móvil para atender la necesidad de los discapacitados y de los adultos mayores de la localidad.
Una gestión trunca, que está judicializada, privó a la comunidad del vehículo, pero la actual gestión licitó, “como marca la ley”, y lo compró por un monto de $ 77.706.152,00 a la empresa Pusseto.
Permitirá mejorar la accesibilidad de discapacitados y personas mayores, que por casi seis años no pudieron disponer de un vehículo para traslados, viajes, y actividades que organizaba la comuna.
“Nos encontrábamos con la dificultad de que se adeuda el monto asignado por Nación a una anterior gestión y complicó la obtención del vehículo. Tras resolver temas administrativas y aclarar que no fue nuestra gestión la que incumplió, decidimos usar dinero de los impuestos para comprar un vehículo necesario para nuestra gente”, explicó el intendente Omar Carrasco.
Resaltó que beneficiará al área discapacidad, como estaba previsto originalmente, y de adultos mayores, área creada por la actual gestión. “Es esencial que los adultos mayores cuenten con un medio de transporte adecuado”, dijo el jefe municipal.
Carrasco reiteró que con fondos propios del municipio y ahorrando durante meses, lograron reunir el monto necesario y señaló que el vehículo “adquirido durante nuestra gestión, será un recurso valioso para nuestra comunidad”.
Se confirmó que Agencia Nacional de Discapacidad, por un convenio del 18/03/19, transfirió $ 1.379.800 al municipio de Moldes, en ese momento a cargo de Rita Carreras, con destino exclusivo para un vehículo adaptado para traslado de personas con discapacidad, algo que nunca se concretó.
De acuerdo a investigaciones del CIF del Ministerio Público Fiscal, Carreras habría librado cheques con su firma, usando los fondos transferidos, y se pudo corroborar que fueron cobrados por caja.
“Las sumas no fueron rendidas al municipio, por lo que la sustracción -cuya administración y custodia estaba a cargo de Carreras- fue efectuada mediante cobro por caja de cheques suscriptos por la misma”, indica el informe del CIF.
Por ello, discapacitados de Moldes se privaron de tener un transporte que supuestamente debería haber sido adquirido por la ahora procesada exintendenta Carreras.