La vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de un breve discurso en el que describió las taxativas diferencias entre el gobierno y la oposición, desempató a favor del proyecto de Ley Bases que luego de la votación particular por capítulos pasa a Diputados para una segunda revisión.
Queda pendiente el tratamiento de la ley tributaria y, a futuro, nuevas normativas que configuren un verdadero proyecto de desarrollo, con estímulos a la inversión, saneamiento fiscal, desarrollo tecnológico y objetivos a mediano plazo para permitir que el país vuelva a encaminarse al liderazgo educativo, el autoabastecimiento energético, generador de valor agregado y con superávit comercial basado en exportaciones industriales agroalimentarias. Un largo camino que se debe recorrer por la ancha vereda del sentido común, que es la que eligen los ciudadanos de a pie, y no por los bordes ásperos de la grieta, donde se sienten cómodos los que lucran con el poder y se desentienden de la gente.
Por lo pronto, es imprescindible que el tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Diputados sea cauteloso, desarrollado con inteligencia política, porque de naufragar, sería un desastre para el país.
Violencia intolerante
Lo que sin duda quedó en evidencia es que la convivencia política está atravesada por una flecha envenenada por el odio. Esa fractura es la agobiante herencia con la que carga el país tras los 22 años transcurridos desde la pueblada contra el “corralito”, que terminó, al mismo tiempo, con la vida de 36 personas y con la presidencia de Fernando de la Rúa. Los relatos, las luchas agónicas, la radicalización de posiciones, además de encubrir la mezquindad del poder y la liviandad con que cada protagonista asume los deberes republicanos, se convierten en banderías que tratan de reescribir la historia imaginando paraísos e infiernos del pasado y colocando una determinada construcción del futuro como una cuestión de vida o muerte. El maniqueísmo en el poder.
Ayer mismo, en medio de las tensiones en el recinto del Senado por el debate de la Ley Bases y de la violencia organizada en las calles por un activismo dispuesto al combate, Javier Milei habló en un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso, en Puerto Madero.
Allí, el presidente redobló su apuesta: calificó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof como “enano comunista que odia la libertad”, simplificó al extremo al afirmar que “la casta se resiste (a sancionar las leyes) porque saben que no vuelven más” y advirtió que ellos “podrían recurrir otra vez a la metodología de tirar muertos en la calle”.
“Quedó en evidencia que la vida política está atravesada por una flecha envenenada por el odio”.
Aunque muy lejos de aquellas jornadas de los años ’60 y ’70, cuando la muerte violenta por razones políticas era pan de cada día, es mucha la sangre que ha corrido en protestas, ocupaciones ilegales de tierras o conflictos sindicales en estos últimos 30 años. El comunicado de la Presidencia fue categórico: felicitó a Patricia Bullrich por el operativo de seguridad ante lo que calificó como “intento de golpe de Estado”.
La movilización contra la Ley Bases y la reforma fiscal había sido convocada por Pablo Moyano y Axel Kicillof, quien además incluyó a los intendentes del conurbano bonaerense. Eso no es una protesta ni un golpe de Estado propiamente dicho: es una sublevación contra el orden institucional y un intento de interferir en las actividades del Senado. Y la metodología aplicada estuvo clara: los protagonistas de la movilización no fueron trabajadores ni desocupados, sino activistas enmascarados equipados con aparatos incendiarios, piedras, palos y hasta granadas. Fueron quienes incendiaron tres automóviles y trataron a toda costa de forzar enfrentamientos violentos con la policía. Desde el recinto, Anabel Fernández Sagasti y Wado de Pedro intentaron suspender la sesión para bajar a dialogar con los agitadores. Mientras, algunos diputados kirchneristas, liderados por el presidente del bloque, Germán Martínez, salieron a enfrentar a la policía y a solidarizarse con los incendiarios.
“No se vio en la plaza a Moyano ni a los intendentes que convocaban a la violenta movilización”.
Todo pareció retrotraer el escenario a diciembre de 2017, cuando las mismas organizaciones de activistas arrojaron toneladas de piedras en el Congreso, llevaron a un lanzallamas y, también, coordinaban con los diputados que presidía Agustín Rossi tratando de suspender la sesión de la Cámara baja. Todo para impedir que el gobierno de Mauricio Macri sancionara una reforma que favorecía a los jubilados porque creaba una fórmula de actualización atada a la inflación. Claro, los opositores decían lo contrario pero su gran problema era que, dos meses antes, el macrismo había logrado una categórica victoria electoral.
Aprender a legislar
La política polarizada al extremo hace imposible legislar, Es más, hace imposible la democracia.
La Ley de Bases, el Mega DNU y la reforma fiscal son proyectos que llevan seis meses de debates y análisis entre el Congreso y el gabinete de Gobierno. Su presentación, en diciembre, compulsiva, fue una muestra de que Milei tenía un proyecto y mucho apuro. Y que le faltaba tacto.
Hubo trabajo en comisiones, reuniones con expertos, y un nivel de actividad con pocos antecedentes en nuestra historia parlamentaria. Con la cantidad de ajustes y concesiones que se hicieron, en ambas cámaras debieron haber salido aprobadas con breves debates y por amplia mayoría. Porque son temas muy críticos, pero esenciales.
Escuchar al escénico Martin Lousteau o al muy básico pero influyente José Mayans repetir el mismo discurso de diciembre o enero muestra una realidad: la comunicación y el diálogo democráticos son para los manuales.
La oposición sigue optando actuar como “máquina de impedir”. Enfrente tienen una locomotora, pero que ahora parece estar aprendiendo a aplicar los frenos. No los verbales; su imprudencia provocadora es crónica.
Pero, en los hechos, Milei retrocedió: eliminaron el capítulo de moratoria previsional y el compromiso de terminar con las obras públicas que se encuentren avanzadas en un 80%, Sacó a Aerolíneas Argentinas, al Correo y a los medios públicos de la lista de privatizables. Quedan pasibles de privatización Enarsa e Intercargo, mientras que para la venta o concesión, Aysa, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
Con las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se aplicará un programa de propiedad participada. También aceptó flexibilizaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).
Todavía puede haber sorpresas. Esperemos que sean buenas.