El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió ayer la política social que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano y reiteró que el Gobierno nacional irá la Corte Suprema de Justicia para apelar la medida de la Cámara Federal que obliga al Ejecutivo a distribuir alimentos.
“Los alimentos se están repartiendo conforme a un plan. Pero hay una discusión sobre la actitud de la Justicia respecto a una decisión administrativa del Ejecutivo. El Gobierno seguramente va a apelar esta medida de la Cámara ante la Corte Suprema”, aseguró Francos en declaraciones radiales.
Seguir la vía judicial por los alimentos es un expediente más de los que rozan al Ministerio que conduce Sandra Pettovello.
Hasta el momento, la Justicia tiene en sus manos al menos cuatro expedientes: el de los alimentos y un amparo colectivo por el mismo motivo, otro sobre maniobras de fraude y extorsión de piqueteros a beneficiarios de planes sociales y otro por contrataciones irregulares de personal.
El primer caso se inició con denuncias de personas a las que obligaban a concurrir a marchas piqueteras para asignarles planes sociales. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello descubrieron que era moneda habitual que se castigara a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que no iban a las marchas del Polo Obrero: se les impedía acudir al comedor comunitario, se amenazaba con suspender el beneficio, entre otras sanciones. Estas prácticas involucran a punteros del Polo Obrero, Frente de Organización en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. La Justicia encontró además evidencias de desvío de fondos, lo que implica el delito de fraude. Por eso, el juez citó a prestar declaración indagatoria por fraude a Eduardo Belliboni, el líder del PO. Junto a él hay casi una veintena de dirigentes también citados para la próxima semana.
Otro escándalo que aún hace mucho ruido fue el de los alimentos. En este caso, Capital Humano fue denunciado por el dirigente social Juan Grabois.
También intervino el juez Casanello, quien exigió a Pettovello un plan de distribución inmediata. La ministra rechazó la orden. La Cámara la confirmó en una audiencia escandalosa en la que la abogada del ministerio Leila Gianni se cruzó a los gritos con Grabois. Ahora todo va encaminado a la Corte, según dijo ayer Francos.
En paralelo y también por los alimentos para comedores, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que otra causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Utep) contra Capital Humano sea tramitada como un amparo colectivo.
El cuarto expediente fue iniciado por Capital Humano contra Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría de Niñez, a quien se investiga por la contratación de empleados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), contratos que se habrían usado para pagar sueldos corrientes o sobresueldos, cuando al inicio de la gestión estaban trabados los contratos en el Estado.