El gobierno encabezado por Javier Milei se enfrenta a una realidad incontrastable propia del ritmo acelerado que el libertario procura darle a su gestión, y que empalma con el ya de por si frenético torbellino de una Argentina en crisis: aunque narrativamente se hable de “batalla cultural”, en el contexto de un ambicioso proyecto que a menudo choca con una realidad irreductible a los cambios que se proponen, las victorias son efímeras.
Así, cuando todavía resuenan los ecos de la primera “victoria” legislativa obtenida la semana pasada en la Cámara de Diputados, revestida por el oficialismo con un aura épico por lo inédito de que un paquete de reformas tan profundos haya sido aprobado pese a la manifiesta debilidad de la representación parlamentaria oficialista, los proyectos con media sanción de la cámara baja se encuentran con una realidad que en el Senado no parece ser en absoluto favorable.
La aritmética en la cámara alta es reveladora, y permite trazar escenarios probables en base a proyecciones más certeras. El “número mágico” es aquí el 37: con esa cantidad de voluntades se alcanza la mayoría en una cámara que tiene 72 senadores.
Si se tiene en cuenta que Unión por la Patria, que ya ha adelantado su voluntad de rechazar tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal, tiene un bloque de 33 senadores y senadoras, se puede comprender lo ajustada que puede resultar la votación: con solo 4 votos más, la oposición podría rechazar la ley.
Y, es más, aun no consiguiendo dicha mayoría en la votación en general, podría conformarla a la hora de debatir y votar algunos de los capítulos más controvertidos de ambas iniciativas, como la restitución del impuesto a las ganancias, el blanqueo, o el establecimiento de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (“RIGI”). En ese escenario, cada vez más probable conforme avanza el trámite de los proyectos en el Senado, los mismos volverían a Diputados, demorando su sanción y complicando los planes de Milei respecto al anunciado “Pacto de Mayo”.
El oficialismo, que solo cuenta con un magro bloque de 7 senadores propios, ya parece aceptar que la reconstrucción de esa mayoría de 39 senadores que la vicepresidente Victoria Villarruel había logrado tejer en diciembre del año pasado de cara a asegurar el control del Senado a través de la designación de autoridades y la distribución de las comisiones, hoy parece una quimera.
Es que a ese número aportaron radicales, peronistas disidentes, provinciales y hasta referentes del PRO que ya manifestaron sus reparos a distintos aspectos de las iniciativas. Por ejemplo, legisladores de bloques dialoguistas o abiertamente colaboracionistas, como Martin Lousteau o Guadalupe Tagliaferri, tendrían objeciones en la votación en particular.
A ellos se suman varios legisladores de provincias patagónicas, fundamentalmente Santa Cruz y Chubut, que ya adelantaron su rechazo a la restitución del impuesto a las ganancias, en razón del fuerte impacto que tendría en los trabajadores petroleros. También se sumarían para forzar la modificación del paquete fiscal los senadores de Unidad Federal, y los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Si bien es cierto que, a diferencia de lo ocurrido en febrero durante el debate de la primera versión de la ley ómnibus, el gobierno parece mucho más abierto a negociar, los esfuerzos en este sentido podrían ser infructuosos. Incluso ante un escenario que, por momentos pareciera mostrar gestos pragmáticos como el reciente pago de la deuda por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a cinco provincias: Misiones, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero y La Rioja.
Paradójicamente, la profunda crisis que atraviesan los partidos tradicionales, la falta de liderazgos claros y la alta fragmentación política, que tanto beneficiaron a Milei no solo a nivel electoral sino también a la hora de llevar adelante un brutal ajuste sin conflictividad social, hoy conspiran contra esas negociaciones.
Es que pese a la asfixiante situación financiera de las provincias, que no solo enfrentan los recortes en las transferencias discrecionales y el cese de obra pública, sino también la merma en la coparticipación producto de la caída en la recaudación de impuestos nacionales y, incluso, la significativa baja registrada en la recaudación de contribuciones provinciales y tasas municipales, los mandatarios provinciales no tienen -en muchos casos- ascendencia sobre los senadores de sus provincias.
Lo cierto es que si bien es sabido que mientras los diputados representan al pueblo de la nación, los senadores representan a las provincias, hoy muchos gobernadores tienen menos posibilidades de aportar votos propios en Senado que en la cámara baja.
Así las cosas, el oficialismo enfrenta un duro examen en el Senado de la Nación, que pondrá a prueba la templanza de un presidente que se ha mostrado siempre muy exaltado en sus críticas a los legisladores. Habrá que ver, en este contexto, si el oficialismo aprendió la lección de febrero, y es capaz de resignarse a aceptar algunas modificaciones como condición para garantizarse las importantes herramientas de la ley.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com