Eduardo Casal. Foto: Daniel Dabove.
El máximo tribunal está convocado también a fallar sobre la medida cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral del DNU. Foto: Télam
La Corte Suprema de Justicia aguarda los argumentos del Gobierno al pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para tomar una decisión, mientras mira con preocupación la falta de presupuesto que le permitiría a la Justicia nacional y federal funcionar solo hasta abril.de una de las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei.”A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador Casal en el dictamen no vinculante.Reanudada la actividad judicial luego de la feria de enero,, con el patrocinio del exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista, Raúl Ferreyra., un plazo más que razonable para que el Congreso acuerde una salida política al conflicto por el DNU, como pretendió la Corte desde que recibió en diciembre el pedido de amparo y dijo que lo trataría luego de la feria., puesto que ese expediente ya atravesó todas las instancias previas y la vía hacia la Corte quedó habilitada.Entre los constitucionalistas hay una mayoría significativa que considera que el DNU es inconstitucional y que representa poco menos que una reforma constitucional encubierta., incluso con la eventual participación de “amicus curiae” (amigos del tribunal) que expongan.Hasta ahora, según confirmaron fuentes del tribunal, queFerreyra se esperanzó en queEse horizonte de alto impacto para”Con ese presupuesto llegamos con recursos hasta abril”, confirmó una fuente del Consejo de la Magistratura, el órgano que administra los fondos del Poder Judicial.En el Consejo responsabilizan en parte por la falta de comunicación entre ambos poderes a la ausencia del representante del Ejecutivo que todavía no fue designado.Desde hace años, la situación presupuestaria del Poder Judicial es más que endeble por las asignaciones fuera de monto y tiempo que envía el Ejecutivo, destinadas en un 90 por ciento al pago de salarios.