Tras un mes de tensiones, marchas y contramarchas, frenéticas negociaciones y diálogos frustrados, e incidentes en las inmediaciones del Congreso, en una inédita y maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó en general la denominada “ley ómnibus”.
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Celebrado por el Gobierno como una primera victoria legislativa -en rigor, la primera fue la elección de autoridades en el Senado-, se trató sin lugar a dudas de una “victoria pírrica”. No solo porque aún queda el difícil tratamiento en particular, que abre el interrogante sobre el destino de algunos puntos controvertidos del proyecto (privatizaciones, delegación de facultades, etc.), y luego su paso por el Senado, donde ya la vicepresidenta Victoria Villaruel comunicó a los diversos bloques que no habrá trámite exprés, por lo que la discusión podría extenderse como mínimo por tres semanas.
Una magra victoria, fundamentalmente, porque genera muchas dudas con respecto a cuál es el mecanismo en el que el presidente procurará anclar la gobernabilidad de su ambicioso proyecto. Dudas que se acrecientan ante la evidencia no solo de una abrumadora debilidad parlamentaria y de la notable falta de experiencia de los principales referentes libertarios para edificar acuerdos con algunos sectores de la oposición, sino por el propio rechazo del presidente Milei a la idea misma de “negociación” y los constantes ataques con los que ha venido fustigando a los legisladores, sin distinción de espacios políticos ni vocación colaborativa.
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Pareciera ir delineándose así un liderazgo presidencial marcadamente antipolítico. Un rasgo que si bien ya evidenció y capitalizó exitosamente durante la campaña, abre un enorme interrogante respecto al futuro del país en el corto y mediano plazo. Es que si bien las condiciones objetivas (profunda crisis económica y social, gigantesco desprestigio de la dirigencia tradicional) juegan hoy a favor del Gobierno y camuflan -transitoriamente- las evidentes limitaciones subjetivas de la gran mayoría de los funcionarios de esta gestión, resulta difícil imaginar que sea una situación que se mantenga en el tiempo.
Solo esta suerte de “ventana de oportunidad” producto de las condiciones objetivas de una Argentina que viene deslizándose velozmente hacia el abismo puede explicar cómo, a pesar de identificar al Congreso como la manifestación más clara de la “casta”, acusar a los legisladores -muchos de ellos “aliados”- que planteaban observaciones o modificaciones como “coimeros” o “valijeros”, y desautorizar desde las redes sociales o a través del siempre solícito vocero presidencial a sus propios “negociadores”, el pasado viernes consiguió aglutinar 144 voluntades a favor de la iniciativa.
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Sin embargo, a pesar de las diatribas presidenciales, el tortuoso trámite legislativo de la iniciativa -aún no concluido- tuvo que ver más con las propias torpezas, errores no forzados e improvisaciones, que con el obstruccionismo legislativo. En este sentido, la magnitud y amplitud del proyecto, la profundidad de algunas de las reformas planteadas, la diversidad de materias comprendidas, la ausencia de una mínima definición de prioridades, junto a la falta de negociadores con autoridad, la manifiesta falta de conducción en el oficialismo parlamentario, las desprolijidades y errores del propio texto, la torpeza con que se pretendió imponer el proyecto, y la no comparecencia de los verdaderos artífices de la norma (Caputo, Sturzenegger, entre otros), fueron en realidad los principales factores que complejizaron el tratamiento.
A esta altura está más que claro que el experimento libertario avanza con la premisa de que a mayor desprestigio de la oposición, mayor es su fortaleza. En esta línea, Milei no solo aprovecha toda oportunidad disponible para enrostrarle a la “casta” el resultado obtenido en el ballotage, sino que desde su entorno se esgrimen constantemente encuestas que dan cuenta de los altos índices de popularidad que el presidente aún conserva.
Así las cosas, no sorprende que un presidente que desprecia las “negociaciones” rechace cualquier esquema de coalición política. Lo ha dejado en claro con Mauricio Macri cuando aún no había asumido la presidencia y lo ha ratificado tanto en el tratamiento legislativo de la mega-ley como en su actitud frente a los gobernadores “dialoguistas”. Este último caso es particularmente ilustrativo del “estilo Milei”: cuando el ministro Francos avanzaba en un posible acuerdo con los gobernadores y se comprometía incluso a impulsar la coparticipación del impuesto PAIS, el propio vocero desmentía lo que los propios gobernadores habían escuchado en el encuentro celebrado en el Consejo Federal de Inversiones.
Lo cierto es que a pesar de esta mise en scene, Milei tuvo que resignar más de 400 artículos de la ley original para evitar una catastrófica derrota parlamentaria y obtener una magra victoria, cuando aún quedan varias batallas parlamentarias más por delante. Así, y más allá de que en lo simbólico Milei fortalece su narrativa vinculada a la intransigencia de una cruzada que enfrenta lo nuevo a lo viejo y decadente, en lo fáctico profundiza el escepticismo, las dudas o la desconfianza de otros actores globales en relación a si este inédito presidente será capaz de implementar su radical programa de reformas.
Un desafío que, sin dudas, se agiganta a medida que nos adentremos en los meses de marzo y abril, cuando comenzarán a sentirse con aún más crudeza en el bolsillo las consecuencias de las políticas de ajuste, se horade casi inevitablemente el nivel de aprobación de la gestión, y los hoy vapuleados “aliados” pierdan el entusiasmo colaborativo.