La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, ratificó este jueves la decisión de un juez penal de suspender al Movimiento Semilla, partido del nuevo presidente, Bernardo Arévalo de León.
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De acuerdo con una resolución emitida este jueves por la corte, el juez penal Fredy Orellana sí tenía facultades para suspender al partido de Arévalo de León en agosto de 2023.
La Corte de Constitucionalidad decidió rechazar un recurso legal presentado por un grupo de abogados en favor del Movimiento Semilla, que buscaba anular su suspensión y evitar que sus diputados en el Congreso continúen como independientes.
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En agosto de 2023, el juez Orellana, sancionado por Estados Unidos, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla a petición del Ministerio Público (Fiscalía) por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018.
El intento de cancelación del partido fue parte de las medidas que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, adoptó para intentar detener la investidura de Arévalo de León, quien llegó al poder el pasado 14 de enero, tras un sorpresivo triunfo en los comicios de agosto último.
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Durante el proceso de transición, Arévalo de León acusó directamente a Porras Argueta de intentar un “golpe de Estado” en su contra y días antes de asumir la Presidencia aseguró que le pediría la renuncia.
La comunidad internacional cuestionó la arremetida judicial que mantuvo la fiscal Porras contra Arévalo y contra el proceso electoral como un intento por afectar la frágil democracia del país centroamericano (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
En ese sentido, el presidente guatemalteco, que carga en su espalda con la esperanza de una nación que se cansó de la corrupción estatal, es consciente del escenario adverso en el que asumió el poder hace menos de 20 días con su partido suspendido, siendo minoría en el Congreso y con la Fiscalía en contra.
Por eso, apela a los guatemaltecos para hacer frente a los poderes arraigados y llevar adelante sus promesas de campaña para combatir la corrupción y devolverle dignidad a la población más vulnerable.
“Tenemos claro que en el contexto que estamos ahora dependemos de la sociedad y de convencerles para que juntos empecemos a remar”, reconoció en una entrevista con The Associated Press.
“No podemos depender de un sistema político en donde todavía están agazapadas esas redes político-criminales y clientelares”, señaló Arévalo, denunciando que aún hay “gente que sigue pensando que la política es el lugar para plazas fantasmas”, para el reparto de puestos por afinidades y favores.
Su llegada al poder sorprendió a los partidos políticos perdedores que se niegan a ceder espacio de influencia y pretenden impedir que los diputados del Movimiento Semilla, con el que Arévalo ganó las elecciones, puedan tener alguna veta de poder y participación en comisiones parlamentarias.
Desde que consiguió el pase al balotaje presidencial, el camino del nuevo mandatario ha estado marcado por el incesante esfuerzo de la Fiscalía General, encabezada por Porras, y de parte del poder judicial para frenar su toma de posesión. Un pulso que no terminó cuando se colocó la banda presidencial, pues la fiscal general se niega a renunciar al cargo, como le requirió Arévalo, y aún mantiene la confrontación.
La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras (EFE/ARCHIVO)
En la fiscalía, dice el presidente guatemalteco, “es donde sigue anclado el sistema perverso”. Y ante eso, reconoció que “desde la legalidad” están “viendo la forma de ir resolviendo esto”. Responsabiliza a la fiscalía de “campañas de persecución política contra jueces, fiscales, periodistas” que pusieron en riesgo la democracia en el país y defiende que es necesario un cambio.
La comunidad internacional, de hecho, cuestionó la arremetida judicial que mantuvo la fiscal Porras contra Arévalo y contra el proceso electoral como un intento por afectar la frágil democracia del país centroamericano. Además, la funcionaria está sancionada en Estados Unidos por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar el sistema democrático.
Pero Porras ha dicho que no renunciará al cargo y su mandato al frente de la Fiscalía General debería finalizar en 2026.
“Nosotros no tenemos claro que ella vaya a terminar su periodo, porque hay acciones en el Congreso y acciones legales”, planteó Arévalo. “Lo que nos interesa es que el Ministerio Público deje de actuar contra la legalidad y contra la institucionalidad democrática del Estado”, recalcó.
La desconfianza que le despierta la Fiscalía se antepone a su promesa de limpiar los casos de corrupción estatal.
“Hay ministerios donde basta abrir una gaveta y le saltan a la cara, porque era tal la soberbia de la impunidad que ni siquiera había ya intentos de ocultamiento que hicieran difícil ver las cosas que estaban pasando; estamos hablando de miles de millones de quetzales del dinero público que fueron defraudados, extraídos, robados…”, denuncia el nuevo mandatario.
Y se pregunta: “¿A quién se le presentarían denuncias, a un ente del cual no se tiene confianza?”.
(Con información de EFE y AP)