La iniciativa empezó a tratarse ayer en Diputados tras el largo debate para obtener un dictamen de mayoría en el que quedaron reflejados los primeros recortes aplicados a los 664 artículos iniciales, tales como la reforma política y la privatización de YPF. Cambios con los que lejos de haber convencido y calmado siquiera a los opositores dialoguistas, alimentaron intentos por profundizar el desguace que, finalmente, tuvieron éxito.
Así, la sesión incluyó el anuncio de todos los artículos que quedaron afuera. El blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la reposición de Ganancias, el cambio en la fórmula jubilatoria, el aumento en las retenciones, el traslado de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a manos del Tesoro y la modificación a la ley de Pesca , entre muchos otros temas, fueron apartados del tratamiento de un proyecto que, aún con la mitad del articulado original, amenaza con extenderse por varias jornadas.
Y que luego de terminar esa maratón deberá pasar por el Senado, con la posibilidad de que se le introduzcan nuevos cambios que lo devuelvan a la Cámara Baja, para que recién sea sancionado a mediados de mes, sobre el cierre del período de sesiones extraordinarias.
Será, entonces, una victoria pírrica para un Gobierno que, aún con facultades delegadas, necesitará volver a poner el capítulo fiscal a discusión, si pretende reforzar el ancla que asiente el plan de déficit cero comprometido con el Fondo Monetario Internacional.
Sin ello, ese objetivo se recostará en un mayor uso de la “motosierra” y la “licuadora” inflacionaria para recortar gastos, apoyado en el freno de la obra pública, el mantenimiento del presupuesto aprobado para el año pasado y el de la fórmula de actualización de jubilaciones, frente a un Índice de Precios al Consumidor que se mueve a un ritmo muy superior, al punto que tras la suba del 25,5% registrado en diciembre y el 20% que habría cerrado enero, plantea un febrero intenso, a partir del aumento de combustibles y tarifas. Con el grave costo social que representa.
Pese a todo, ayer el FMI aprobó el giro de u$s 4700 millones para cubrir el pago de deudas con ese organismo. Un claro aval para el Gobierno, al menos por el próximo trimestre. Resta saber hasta dónde llegará el del Congreso.
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