En total corren peligro unas 700 toneladas de crustáceos que quedaron bloqueadas a bordo de alrededor de 60 barcos pesqueros. De ellas 340 toneladas se descompusieron y debieron ser desechadas. Otras 360 aún son retenidas por el Senasa para definir si están en condiciones para su comercialización y consumo.
El Gobierno de la Provincia de Chubut realizó una denuncia penal contra el sindicato bajo la carátula de “Ecocidio”.
A finales de diciembre del 2023, la nueva conducción del SUPA exigió una actualización salarial del 160% a las empresas del sector, nucleadas en la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh). Los estibadores perciben una remuneración mensual de $9.000.000. No obstante, cabe señalar que trabajan cuatro meses por año, que es lo que dura la temporada de pesca. Además, se trata de una actividad pesada, que implica mucho esfuerzo físico y trabajo en horarios nocturnos o de madrugada.
Los medios de la provincia recogieron un trabajo del área de estudios ecológicos y ambientales de la CAFACh que señala que la medida de fuerza “ha ocasionado un descontrol sanitario que puso y mantiene en riesgo la salud tanto de los empleados embarcados, como de los que cumplen tareas en tierra, como estibadores e inspectores, que se encuentran frente a una situación sin precedentes en la pesquería nacional e internacional”.
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