La línea 137 brinda “contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming” las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales
“Hay una saña especial apuntando a las políticas públicas que fueron pensadas para promover igualdad, acompañar situaciones de violencia. Solo humo, misoginia y sobreideologización pueden explicar esto porque el costo es ínfimo. No hay ahorro en este ajuste, hay violencia” Clarisa Gambera
Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género
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En el 2022, los equipos de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires atendieron 44.059 llamados, además de otras 5 mil consultas por el chat BOTI
Grupos de trabajadoras y gremios denunciaron públicamente un “recorte en las políticas públicas de género” tras la no renovación de contratos en la línea nacional 137 de asistencia por violencia familiar y sexual, en áreas de la Ciudad de Buenos Aires como la línea 144 o el Hogar Eva Duarte destinado a madres jóvenes embarazadas, y en el ámbito de géneros de la provincia de Santa Fe.”Estamos atravesando en el programa una situación compleja con losa quienes no les renovaron el contrato al finalizar el 2023″, advirtió la, en diálogo con Télam., agregó, y lamentó: “Nos preocupa que esta política pueda no continuar”.La línea 137 brinda “contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming” las 24 horas, los 365 días del año, con un equipo de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales delEl motivo de, que establece que toda modalidad de contratación del sector público que concluya el 31 de diciembre de 2023 y haya iniciado a partir del 1° de enero de ese año no será renovada.Sin embargo, Boggon detalló que “estos contratos de las compañeras no eran nuevos, sino que habían quedado vacantes de personas que han trabajado en el programa y a lo largo de los años se han ido por diversas situaciones”.”Hoy, debido a los despidos de las compañeras,”, sostuvo la psicóloga, aunque reconoció que “la suma de 61 profesionales tampoco alcanza para responder a la demanda que hay”.”Hay una saña especial apuntando a las políticas públicas que fueron pensadas para promover igualdad, acompañar situaciones de violencia. Solo humo, misoginia y sobreideologización pueden explicar esto porque el costo es ínfimo. No hay ahorro en este ajuste, hay violencia”, expresó a Télam, en la órbita de vicejefatura de gobierno, con incumbencia en áreas como fortalecimiento de derechos y autonomía económica.En tanto, la ex gerencia de asistencia por violencia de género elevó su rango a Dirección General de Abordaje a las Violencias por Motivos de Género, que continúa dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.”Se da esta paradoja de que pasan de Dirección a Subsecretaría pero simultáneamente echan a la gente que estaba cumpliendo tareas de base lo cual es bastante llamativo”, advirtió a TélamLas áreas que desarrollan políticas de género que sufrieron bajas en sus contrataciones forman parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, están a cargo de Gabriel Mraida, y no de la Subsecretaría, cuya titular, Barone, informó a esta agencia que “su área no tuvo bajas”.Desde la cartera de Desarrollo porteña sostuvieron que se trata de “contratos laborales que tienen una duración determinada” y que “con motivo de la finalización del año y, sobre todo, del cambio de gestión, hay determinadas prestaciones de carácter temporal que finalizan”.Al ser consultados sobre si se abrirá una búsqueda para cubrir esos puestos indicaron que “no hay una definición final en ese sentido”.Según la información suministrada a Télam por trabajadoras de distintas áreasque brinda atención a víctimas de violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires, dos en el Hogar Eva Duarte, tres en el refugio Mariquita Sánchez destinado a mujeres que están atravesando una situación de violencia de alto riesgo, dos en el subprograma de Asistencia a varones que han ejercido violencia y cinco en distintos Centros Integrales de la Mujer (CIM).Durante el 2022, los equipos de la línea 144 de la Ciudad de Buenos Aires atendieron 44.059 llamados, además de otras 5 mil consultas por el chat BOTI.El 29 de diciembre durante la tarde, tres psicólogas de la línea recibieron un correo electrónico que las notificó sobre la no renovación de sus contratos de locación de servicios por “reestructuración del área”., con una cantidad aproximada de 30 trabajadoras en total. En este sentido, con las bajas que se dieron en diciembre se evidencia un recorte del 10% del recurso humano”, sostuvieron en diálogo con esta agencia las trabajadoras de la línea, que prefieren mantener sus identidades en reserva.”Esto impacta directamente en la calidad del servicio, que se vislumbra en la cantidad de llamados y mensajes que logran responderse ya que las compañeras que quedan no dan abasto”, destacaron.Además, advirtieron que los recortes tienen “un impacto en la salud integral de las trabajadoras que quedaron en la línea”, en relación a la “sobrecarga tanto física como mental, quedando comprometidos sus derechos laborales” ya que “al estar el servicio en su mínima capacidad para sostenerlo, no hay posibilidades, casi, de enfermarse”.Por otra parte, las y los trabajadores de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad (ex Ministerio) de Santa Fe alertaron a través de un comunicado sobre “las decisiones de ajuste sobre las políticas de género que la gestión actual de gobierno”.”Hemos tomado conocimiento que las 24 personas que integramos los equipos Ley Micaela y Masculinidades por la Igualdad de la actual Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, tras una reunión, se nos ha expresado de manera informal que debemos dejar de concurrir al lugar de trabajo”, compartieron., concluyó Lubertino.En relación a las políticas de género, el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación bajó su rango a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del Ministerio de Capital Humano, mientras no se renovó el programa Registradas, que promovía la incorporación formal al mercado laboral de las trabajadoras de casas particulares.