En el proyecto de “ley ómnibus” (Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos) que se discute en el Congreso, se declaran sujetas a privatización a 41 empresas públicas y se faculta al Poder Ejecutivo a vender las acciones o el capital que tiene en las compañías privadas en las que el Estado nacional no ejerce el control.
Dentro de esa lista están firmas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Aysa, Télam, Correo Argentino y Trenes Argentinos, entre otras.
Empleo y subsidios en las empresas públicas de la Argentina
Son unas 134.000 personas que trabajan en esas empresas, que en 2023 tomaron del Estado, entre transferencias y aportes de capital, unos $ 2.301.385 millones ($ 2,3 billones), equivalente a 1,22% del Producto Interno Bruto (PIB) o un 40% del déficit primario fiscal, calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Por el momento es imposible cuantificar qué impacto fiscal tendrían las privatizaciones, pues no hay información actualizada del valor patrimonial y/o de mercado ni tampoco cuánto del gasto público fue destinado a la operación misma de las compañías y cuánto fue producto de una política pública que se discontinuaría o algo puntual del ejercicio.
No se puede calcular certeramente el déficit de las empresas públicas que se sanearía al venderlas, porque no hay información de su valor
Hay dos ejemplos dentro de Energía Argentina (Enarsa): la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta y la política de subsidios al gas natural que se canaliza por esa vía, pero que no implica per sé que esa empresa sea ineficiente.
En relación al empleo, solamente Operadora Ferroviaria S.E, YPF S.A., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A. y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ocupan el 75,6% del total de empleados .
Las empresas públicas que quiere privatizar Javier Milei emplean a 134.000 personas y demandaron 1,22% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023
Desde el lado del gasto, Enarsa concentró casi la mitad de la suma de transferencias y aportes de capital: fueron $ 700.000 millones y $ 428.808 millones, respectivamente, para un total de $ 1,128 billón, equivalente a 0,60% del Producto.
Nuevamente los subsidios ocupan los siguientes lugares en orden de magnitud en el déficit de las empresas públicas, pues Operador Ferroviario (SOFSE; los trenes de pasajeros) requirió $ 342.180 millones, un 0,18% del PIB; y Aysa necesitó $ 285.016 millones en 2023, un 0,15% del PIB, aunque solo $ 86.959 millones fueron transferencias y el resto aportes de capital para desarrollar infraestructura de agua y cloacas.
Aerolíneas Argentinas, otra empresa emblemática que fue privatizada en la década de los ’90 y estatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner, demandó $ 40.500 millones (0,02% del Producto).
Fuente: https://www.cronista.com/