Rodolfo Barra. Foto: Pepe Mateos.
El Gobierno nacional, tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto delLa opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por, a las que accedió Télam a través de fuentes judiciales., sostuvieron los abogados.”No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial”, afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.”La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política”, enfatizaron.”El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.quien se encuentra de turno en la feria judicial.Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.