La resolución llega luego de un proceso de diálogo conjunto entre el municipio de Lomas de Zamora, la provincia de Buenos Aires (incluida ARBA), y los líderes de los feriantes, quienes respondieron al juez y a la fiscal María Cecilia Incardona regularizando documentación, registrando empleados, y limpiando la feria de productos falsificados.
El texto judicial obliga ahora a la feria a cumplir normas fiscales rigurosas: llevar contabilidad clara, registrar la titularidad de los puestos, bancarizar ventas y mantener rendiciones periódicas hacia la justicia durante los próximos 90 días.
Aunque el levantamiento se anunció, la fecha oficial de reapertura quedará a criterio de la fiscalía, que deberá estar presente para realizar la inspección final y coordinar con la Policía Federal el ingreso de los feriantes.
Durante la clausura, los feriantes organizaron protestas con cortes de ruta y reclamos al grito de “queremos trabajar”, alertando sobre el impacto en más de 20.000 familias que dependen de la feria.