Según indicaron, estos episodios comprometen “la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial y la integridad del sistema republicano”. Frente a ese diagnóstico, llamaron a “promover la cultura de la paz” y a defender “los valores de la democracia, la división de poderes y la libertad”.
Los magistrados remarcaron su “inclaudicable compromiso con la justicia y la seguridad jurídica”, y exhortaron a los actores institucionales a reflexionar de manera profunda para evitar una escalada en este tipo de hechos.
El documento finaliza con un pedido concreto: “A quienes apelamos, les pedimos que desde una ética profunda eviten que estos sucesos se repitan y recrudezcan, dañando seriamente la vida institucional del país”.