“La justificación de una ‘guerra’ contra el narcotráfico y el terrorismo no puede ser un cheque en blanco para desdibujar los límites entre defensa y seguridad interior”, insistió la Asociación Miguel Ragone, luego de que el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, rechazara el hábeas corpus que organizaciones de derechos humanos de Salta interpusieron por la militarización de la frontera norte. A través de esa acción colectiva y preventiva se solicitó la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 1112/2024 y la resolución 347/2025, con los que se modificó el Sistema Nacional de Defensa y se habilitó el despliegue del Operativo Roca.
Montoya desestimó el hábeas corpus, tras una audiencia que realizó el miércoles vía Zoom. Actores de la acción adelantaron que apelarán la resolución.
En la audiencia, la Mesa de Derechos Humanos de Salta estuvo representada por Fernando Pequeño Ragone, Blanca Lescano, Elena Rivero, Elia Fernández y el abogado patrocinante, Martín Plaza. Una organización civil de La Plata se sumó con su titular, Marcos Herregue, y el abogado Guillermo Anderson.
Por el Ministerio de Defensa, encabezó los alegatos su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco. La acompañaron director General de Asuntos Jurídicos, Augusto Guruciega, y el general de brigada Cristian Pablo Pafundi, comandante de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas.
Carrasco calificó al hábeas corpus de “improcedente” y sustentado en una “interpretación distorsionada” de la normativa vigente. Subrayó que la Operación Roca es una “operación militar” y no una acción policial. Esgrimió que los decretos reglamentarias “son totalmente válidos”, al no haber sido rechazados por el Congreso. Afirmó que las cuestionadas reglas de empeñamiento militar no refieren a la “detención de civiles”, sino a su “aprehensión en caso de flagrancia, conforme lo determina el Código Federal”. También señaló que dichas reglas constituyen un “resguardo para las fuerzas” y son “reservadas y secretas”.
Actores del hábeas corpus remarcaron que, aunque formalmente muchas de las normas citadas por la funcionaria de Defensa son válidas, “es su interpretación y aplicación un punto de conflicto que planteamos como organizaciones de derechos humanos”. Cuestionaron especialmente la mención de un decreto ley de 1944 dictado por un gobierno de facto, y advirtieron que “podría ser interpretado como un intento de justificar prácticas que hemos cuestionado históricamente”.
También resaltaron que en el DNU 1112 se incluyeron expresiones contrarias a la ley de defensa nacional -que limita el rol de las fuerzas armadas a agresiones de origen externo- y que generan “alerta”. Sobre el carácter secreto de las reglas de empeñamiento, reiteraron que “la falta de acceso público a estas normativas alimenta nuestra desconfianza, porque vemos en el secretismo un caldo de cultivo para la impunidad”. En este punto, exigieron “total transparencia” para que la Justicia y el Ministerio Público Fiscal “puedan controlar y asegurar que no se repitan violaciones a los derechos humanos”.