El fiscal titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, imputó al empresario Adrián Antonio Vera -uno de los condenados por el robo de caños en Aguaray en 2020-, por los delitos de confabulación para la venta de estupefacientes, en concurso real con cohecho activo, al atribuirle participación en diversas maniobras para el ingreso de drogas en el penal federal donde cumplía su condena.
La imputación fue formalizada ante el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, el 29 de mayo pasado, a 12 días de que Vera cumpliera la pena de 3 años y 8 meses de prisión por los delitos de robo agravado en despoblado y banda, en concurso real con uso de documento falso o adulterado, en calidad de autor.
Esta condena -que se cumplió el 17 de mayo último- fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta el 16 de diciembre del 2021, en el marco del juicio llevado adelante en su contra, y de otros empresarios y funcionarios públicos -entre ellos el por entonces intendente Jorge Enrique Prado- por el robo de caños del Gasoducto GNEA, ocurridos en el norte de la provincia.
Según la nueva imputación, durante su estadía en el Complejo Penitenciario Federal III NOA del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Salta, planificó y organizó el ingreso de drogas. Toranzos también imputó en las maniobras a la pareja de Vera, Jazmín Valeria Borruto, y a un guardia que cumplía tareas en esa cárcel, Gustavo Adolfo Lazo.
Para la mujer de Vera, la imputación fue por cohecho activo, mientras que el penitenciario quedó imputado por confabulación, en concurso real con cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor.
Dado que las penas de los delitos son de orden excarcelable, la fiscalía solicitó medidas de restricción dirigidas a velar la permanencia de los acusados en sus lugares de residencia, tales como visitas sorpresivas de control, comparecencia de los mismos a dependencias policiales y la prohibición de salir del país.
Asimismo, requirió un plazo de investigación de 120 días y autorización para avanzar con pericias pendientes, entre ellas a teléfonos secuestrados. Estas medidas, como la declaración de legalidad de la detenciones y formalización de la investigación penal, no fueron cuestionadas por las defensas, por lo que el juez hizo lugar a todos los pedidos del MPF.
El fiscal explicó que la imputación surgió de una investigación iniciada el 7 de junio del 2024 contra un interno de esa cárcel, en la que también estaba involucrada su pareja y tenía como objeto el ingreso de droga y su venta interna.
Toranzos reveló que se intervinieron algunas líneas telefónicas, una de los cuales era usada desde adentro del penal. Entre los que hacían uso de ese teléfono, se identificó a Vera, quien mantenía comunicaciones con un abonado que, al ser investigado, resultó ser Lazo.
De las conversaciones surgió que el interno requería estupefacientes, producto de operaciones que el guardia realizaba bajo instrucciones de Vera, a cambio de lo cual recibía dinero.
Como ejemplo de ello, el fiscal refirió una comunicación del 31 de mayo del 2024, en la que Lazo indaga a Vera por si había que “sacar algo” en estos días, a lo que el condenado le contestó: “Mandé que compre algo para el lunes, eso mándame hoy, así mañana voy a hacer un poco de merca acá por el fin de mes, viste”.