La expresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, deberá devolver al Estado una cifra que supera los 84.000 millones de pesos, pero que, tras su actualización, podría llegar a más de 500 millones de dólares.
Esta cifra proviene de los perjuicios ocasionados por las irregularidades en las licitaciones de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, que beneficiaron al empresario Lázaro Báez y a otros exfuncionarios vinculados al poder.
El Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de dictar la sentencia en diciembre de 2022, también dispuso el decomiso de bienes de los condenados, los cuales serán subastados para recuperar parte del dinero malversado.
El monto actualizado, según la tasa de inflación y las tasas de interés del Banco Central, alcanzaría los 530 millones de dólares, cifra que podría incluso incrementarse dependiendo de la actualización final. Para ello, el TOF 2 designará un equipo técnicos que haga los cálculos y cuyo informe podría demandar algunas semanas.
Luego, el tribunal procederá a la ejecución de esta sentencia, comenzando con la revisión de los bienes embargados a los imputados.
La condena establece que Cristina Kirchner y el resto de los condenados deberán responder solidariamente por el perjuicio al Estado, lo que incluye tanto el dinero robado como las multas correspondientes.
Así, junto a la expresidenta, están incluidos Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Hasta ahora no está definido cómo de dividirá el pago de ese monto.
La maniobra
Las irregularidades en el proceso licitatorio de las 51 obras viales de Santa Cruz incluyeron pagos por avances de obra inexistentes, sobreprecios y contratos amañados, todos gestionados por empresas vinculadas a Báez, que, según los jueces, operaron al margen del interés público.
La justicia determinó que el beneficio obtenido por Báez no fue el único, ya que parte del dinero malversado terminó en empresas familiares de la expresidenta, lo que refuerza el carácter delictivo de la maniobra.
Una vez que se realice la determinación exacta del monto exigible por el perjuicio al Estado, el siguiente paso en la ejecución de la condena será la subasta de los bienes embargados de los condenados, incluidos los bienes de Cristina Kirchner, que según su última declaración patrimonial consisten principalmente en usufructos, como el de su residencia en Río Gallegos y propiedades en la ciudad de Buenos Aires.
El juez de ejecución de la pena es Jorge Gorini, presidente del TOF 2, por lo que es el encargado de determinar los detalles del proceso de decomiso y las medidas para garantizar el resarcimiento económico al Estado.
Fuentes judiciales explicaron que el juez Gorini armará legajos con los bienes de cada uno de los condenados para actualizar el monto y comenzar con el recupero del dinero estipulado como resultado de la maniobra defraudatoria.
Demanda civil
Además, se mantiene vigente la demanda en el fuero Civil y Comercial que el Estado presentó en 2016, por la cual reclama una indemnización de 22.300 millones de peso, cifra que corresponde a los daños y perjuicios derivados del desvío de fondos públicos en las 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral.
Cristina salió tres veces a saludar
La expresidenta Cristina Kirchner salió en la tarde y en la noche de ayer al balcón de su domicilio en el barrio de Constitución para saludar a la militancia que se mantenía reunida en la zona, un día después del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión por la causa Vialidad. La exmandataria se asomó pasadas las 17 por el balcón de la vivienda que comparte con su hija Florencia, desde donde saludó a los militantes y mostró un buzo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde estudió Derecho. Luego lo hizo cerca de las 20, ya más abrigada, y finalmente minutos antes de las 22.