Con la condena por administración fraudulenta ya confirmada por la Corte Suprema, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión dictada en su contra en la causa Vialidad. La decisión del máximo tribunal, que desestimó los recursos de su defensa, deja en manos del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la responsabilidad de ejecutar la sentencia.
El primer paso será notificar a la ex mandataria que queda formalmente detenida. Según indicaron fuentes judiciales, lo más probable es que el tribunal le asigne una fecha para que se presente en los tribunales de Comodoro Py, una práctica ya utilizada en otros casos como la tragedia de Once o la Ruta del Dinero K. La modalidad se aplica especialmente cuando los condenados estuvieron siempre a derecho y no representan riesgo de fuga, como ocurre con Kirchner y el resto de los imputados.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, deberá además resolver el lugar de detención. Si bien la condena contempla una prisión federal, Cristina Kirchner —que tiene 72 años— podría solicitar cumplir la pena bajo arresto domiciliario, algo previsto por ley para mayores de 70 años, aunque no se concede de forma automática. La decisión dependerá de los argumentos que presenten tanto su defensa, a cargo de Alberto Beraldi, como los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Mientras se define si se le otorga la domiciliaria, la ex presidenta podría ser alojada en una unidad penitenciaria, una dependencia policial o, eventualmente, comenzar directamente con el cumplimiento en su domicilio. Además, deberá evaluarse su situación de seguridad, dado que fue dos veces jefa de Estado, ejerció recientemente como vicepresidenta y fue víctima de un intento de asesinato en 2022.
La sentencia también incluye a otros condenados
La sentencia también incluye a otros condenados: Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Osvaldo Daruich, Raúl Santibañez y Raúl Pavesi, todos con penas de entre 3 años y 6 meses y 6 años. En los casos de Báez y López, que ya tienen otras condenas previas, el TOF deberá unificar las penas y determinar su cumplimiento efectivo. Báez, por ejemplo, cumple prisión domiciliaria en El Calafate por la Ruta del Dinero K y tiene un pedido pendiente para volver a una cárcel común.
Además, el tribunal deberá informar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la Cámara Nacional Electoral. Esta medida implica que Cristina Kirchner será excluida del padrón electoral, una condición indispensable para postularse a cargos y también para emitir el voto.