El robo millonario que sufrió un comerciante de Metán se convirtió en un verdadero escándalo con derivaciones insospechadas, debido a que uno de los acusados volvió a ser noticia tras ser detenido e imputado por desobediencia judicial, al violar su arresto domiciliario, y por cohecho al intentar “coimear” a un efectivo de la Policía de la provincia.
Se trata de Juan Pablo Lambertucci, de 45 años, quien el año pasado fue detenido y luego imputado por robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda, luego de que el comerciante metanense, Pedro Piola, denunciara el robo de 142 mil dólares y 7 millones de pesos
El jueves pasado fue nuevamente imputado por el fiscal penal, Gonzalo Gómez Amado, por desobediencia judicial y cohecho. “La conducta del acusado Juan Pablo Lambertucci está sospechada de criminalidad, toda vez que el mismo habría desobedecido la orden dispuesta por el juez, en cuanto al beneficio de la prisión domiciliaria. Sumado a ello habría intentado sobornar al personal policial interviniente en el operativo realizado en fecha 03/06/25, para que el mismo dejara de hacer algo propio de sus funciones y competencia, lo cual consistía en su aprehensión”, se supo que destacaron desde la Fiscalía interviniente.
La Policía sostuvo que de acuerdo a testimonios de vecinos de Metán, Lambertucci, violó en reiteradas oportunidades el arresto domiciliario al salir del departamento en el que cumplía la medida, ubicado en la calle José Ignacio Sierra al 150, en el centro de la localidad del sur provincial. En el operativo la fuerza dejó constancia que Lambertucci fue sorprendido a unos 15 metros del ingreso principal al monoblock, con intenciones de subir a una camioneta Amarok, cuando fue detenido y luego trasladado a una celda de la Comisaría 1.
La primera detención del sospechoso
La Brigada de Investigaciones de Metán detuvo en noviembre del año pasado a Lambertucci, uno de los sospechosos del millonario robo al comerciante, en un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2024.
“Personas desconocidas, de forma organizada y con reparto de roles, irrumpieron en una vivienda y sustrajeron una cuantiosa suma de dinero en pesos argentinos y en moneda extranjera”, confirmó el Ministerio Público Fiscal, sobre la denuncia realizada por la víctima del accionar de los delincuentes, el comerciante, Pedro Piola Ader.
Según consta en las actuaciones el hecho ocurrió cuando el comerciante sufrió el robo de una millonaria suma de dinero en pesos argentinos y moneda extranjera.
Personal de la Brigada de Investigaciones 3, en cumplimiento de las tareas investigativas, entre las que se consideró fundamental el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos, individualizó a uno de los sospechosos.
El investigado es un familiar político del damnificado, quien trabajó en connivencia con otras personas, y se habrían apoderado del dinero luego de ingresar por el portón principal del inmueble del comerciante, usando una llave falsa y forzando la cerradura de la puerta principal.
Una vez reunido los elementos de convicción necesarios, Gómez Amado solicitó orden de allanamiento, secuestro y detención para domicilios vinculados a las personas investigadas.
La Brigada de Investigaciones logró el secuestro de diversos elementos y confirmó que Lambertucci habría adquirido un departamento en Metán por 45.000 dólares, lugar que también fue allanado por los policías.
Los autores del hecho serían al menos tres personas que llegaron al lugar en un vehículo utilitario, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.
“Lambertucci tuvo contacto con los delincuentes antes y después del robo”, dijo uno de los investigadores.
Hubo un acuerdo con Piola Ader
Luego el Poder Judicial de Salta informó que en una audiencia flexible y multipropósito el juez de Garantías Mario Dilascio escuchó los fundamentos de las partes en relación a sus pedidos en la causa que se sigue contra Juan Pablo Lambertucci por el delito de robo doblemente agravado por cometerse en poblado y en banda por el que se encuentra detenido y acusado provisoriamente.
La defensa del acusado solicitó que, de no otorgarse la libertad, se le concediera la prisión domiciliaria y presentó informes médicos detallando que su defendido necesitaba una dieta hepatoprotectora.
Por su parte, y luego de escuchar el dictamen del médico del CIF, el fiscal solicitó que no se haga lugar a la libertad del imputado, pero que no se oponía a una prisión domiciliaria.
“Luego las partes escucharon a la víctima, que explicó que llegaron a un acuerdo de reparación del daño con el imputado, que incluía la entrega de 50 mil dólares, una camioneta Amarok y un boleto de retroventa por 50 mil dólares más”, había informado oficialmente el Poder Judicial de Salta en febrero pasado.
Después de escuchar a las partes, el juez decidió no hacer lugar al pedido de revisión de prisión preventiva, libertad ni prisión domiciliaria, lo que finalmente Lambertucci consiguió luego de una apelación.
“La denuncia del robo es falsa”
Por su parte, el abogado defensor de Juan Pablo Lambertucci, Jorge Issa, dijo que: “La denuncia que hizo Pedro Piola es falsa y hay que investigar las ganancias del comerciante, lo que me denegaron en la prueba que había solicitado. Mi cliente es inocente, no participó de ese hecho ni tampoco tuvo contacto alguno con los presuntos autores, por eso no entiendo cómo lleva más de seis meses detenido injustamente, porque no hay pruebas en su contra”.
“No entiendo la actuación ni del juez ni del fiscal de la causa. No quieren investigar, no quieren ir más allá y por eso mantienen detenido a mi cliente de manera injusta. Es un pensamiento cinematográfico lo que hace el fiscal porque no hubo ningún trato y mi cliente no participó de ese hecho ni como autor primario ni como secundario”, remarcó el letrado.
Issa cuestionó el accionar policial y de la Justicia metanense y dijo que la nueva detención de Lambertucci por violar el arresto domiciliario “es ilegal, arbitraria y contraria a la Constitución Nacional porque la Policía ingresó a la propiedad privada de Juan Pablo Lambertucci sin una orden de allanamiento, por eso los voy a denunciar”.
“Lo peor de todo es que la Fiscalía apañe ese hecho ilegal, por lo que se necesitaría que inmediatamente intervenga el Ministerio de Seguridad. Tampoco es cierto que mi cliente intentó sobornar a un policía, ese efectivo mintió”, dijo Issa.