Carolina Cornejo es psicóloga y mamá de dos jóvenes con discapacidad severa. En una entrevista con El Tribuno, relató el abandono sistemático del padre de sus hijos, la indiferencia judicial y el embargo del único vehículo que les permite asistir a terapias, urgencias y actividades esenciales. “Todo lo que él cree que me hace a mí, en realidad se lo está haciendo a ellos”, denuncia con angustia.
“Mi historia es la de muchas madres solas, pero con el agravante de que mis dos hijos dependen de mí para todo. Y aún así, el Estado no me protege”, comenzó relatando Carolina Cornejo, psicóloga y mamá de Gustavo e Ignacio, dos jóvenes con discapacidad severa que desde su nacimiento han enfrentado batallas médicas constantes.
Carolina junto a sus hijos. Fotos: Walter Echazú
Ambos nacieron con apenas 900 gramos y a las 28 semanas de gestación. “Los médicos nos decían que no iban a sobrevivir la primera noche, pero gracias a Dios y a un gran equipo médico, lo lograron”, recordó. Sin embargo, el verdadero calvario llegó con el tiempo: parálisis, problemas cardíacos, múltiples cirugías, alimentación por sonda, y un régimen estricto de terapias diarias.
“Las terapias no son un lujo, son lo que permite que mis hijos no se deformen, que puedan sentarse, que conserven algo de autonomía. Son de por vida”, explicó Cornejo. El problema es que, después de separarse del padre de sus hijos, en 2012, empezó una cadena de situaciones judiciales, económicas y de violencia simbólica que hoy tienen a la familia al borde del colapso.
Un padre ausente y un Estado cómplice
Carolina menciona con nombre y apellido al progenitor: Gustavo Tomas Adet. “Desde que nos separamos, dejó de cumplir absolutamente todo. No colabora ni emocional ni económicamente. A pesar de que la justicia falló a favor de una cuota alimentaria de tres salarios mínimos, nunca cumplió”.
“Apenas nos separamos, empezó una especie de castigo. Por negarme a volver con él, comenzó una persecución económica, psicológica y judicial. Como si los chicos fueran una herramienta para lastimarme”, denuncia.
Los registros judiciales lo respaldan: Adet fue incorporado al Registro de Morosos Alimentarios de la provincia en 2018, luego de años sin aportar lo mínimo para el sustento de sus hijos. Pero la situación fue aún más allá.
“Me embargó el sueldo con un cheque trucho”
Durante una época en que Carolina fue inscripta como productora tabacalera junto a su exmarido, por cuestiones impositivas del sector, se le abrió una cuenta bancaria. Años después, y en un acto que describe como una “estafa premeditada”, él utilizó uno de esos cheques para embargarle el sueldo. “Lo llenó con su letra y lo usó para asfixiarme económicamente en un momento crítico”, aseguró.
El embargo fue levantado gracias al accionar de su abogado, el Dr. Marcelo Nallar, pero el daño ya estaba hecho. “En esa época tenía que elegir entre pagar medicamentos o seguir comiendo. Llegué a vender mi propio auto para comprar remedios que la obra social no cubría en tiempo”.
“Me quitó la única camioneta que sirve para trasladar a mis hijos”
Como si todo esto fuera poco, recientemente el mismo padre solicitó el secuestro judicial de la camioneta Renault Oroch que Carolina había comprado con esfuerzo para poder trasladar a Gustavo, cuyo estado exige una silla de ruedas postural pesada y voluminosa. “No entra en cualquier auto, no puedo llamar un remis. Esta camioneta no es un lujo, es una necesidad médica”, aclara.
Hoy, sin el vehículo, las urgencias médicas son prácticamente imposibles de cubrir. “Ignacio cursa una carrera universitaria, y Gustavito necesita ir al hospital por controles cardíacos, respiratorios, y sesiones de fisioterapia. No puedo llevarlos a ninguno de los dos”, lamentó.
Una cadena de desprotección
Carolina no pide favores: exige justicia. “No puede ser que un hombre que vive en un departamento lujoso en el centro de la ciudad, que administra un loteo encubierto en 60 hectáreas, esté inscripto como insolvente. Que declare que no tiene con qué pagar, mientras mis hijos no tienen cómo ir al médico”, denunció.
El loteo en cuestión, “Los Arcos”, está a apenas 10 km de la ciudad. Según Carolina, su exmarido lo habría transferido a su madre y hermana para evadir responsabilidades patrimoniales. Sin embargo, continúa siendo quien lo administra y comercializa.
“No me destruye a mí, los destruye a ellos”
Entre lágrimas, Carolina lanza el pedido más fuerte: “Este hombre cree que me está castigando a mí, pero se está vengando de sus propios hijos. Cada vez que me embarga, que no paga, que se borra, lo sufren Gustavo e Ignacio”.
“No le pido que los lleve a la escuela, ni a terapia. Solo que cumpla con lo mínimo que exige la ley”, afirmó. Y agregó: “Ya ni le aviso cuando hay una urgencia. ¿Para qué? Cuando le digo que hay que ir al cardiólogo me responde que le avise con 24 horas de anticipación. ¿Quién puede prever un pico de presión o una taquicardia de 150?”.
El pedido a las autoridades
“Yo no quiero privilegios. Quiero justicia. Quiero que el Estado actúe, que los jueces hagan cumplir lo que ya dictaron, que la cuota se pague, que me devuelvan el único vehículo con el que puedo cuidar a mis hijos”, afirmó.
“Ya no hay margen. No hay salud sin transporte. No hay inclusión sin accesibilidad. No hay infancia sin derechos”, sentenció.
Y dejó un llamado: “A las autoridades, por favor: no permitan más que un moroso con poder económico castigue a sus propios hijos para vengarse de una mujer que eligió la dignidad”.
Una historia que interpela, que duele, y que desnuda las múltiples violencias que atraviesan a madres cuidadoras solas en Argentina.