La Universidad Nacional de Salta enfrenta su primer conflicto institucional bajo la nueva gestión, tras la denuncia de los gremios ADIUNSa y APUNSa por la no renovación de contratos laborales en áreas clave. Mientras el rectorado desmintió rotundamente que haya “despidos” y aseguró que los contratos vencidos fueron heredados de la anterior gestión, los sindicatos se declararon en estado de alerta y advierten sobre un “achique ideológico” que afecta a las funciones esenciales de la universidad pública.
Los rumores comenzaron a circular con fuerza el lunes, cuando un funcionario del nuevo gabinete habría deslizado que “unas 200 personas” quedarían fuera de sus funciones. A esto se sumaron mensajes enviados por el secretario de Asuntos Jurídicos a trabajadores contratados, anunciándoles que no se renovarían sus vínculos laborales.
El Tribuno le consultó sobre la situación al subsecretario de Comunicación Institucional de la UNSa, Daniel Gutiérrez, quien confirmó que “los trabajadores tenían un contrato firmado por (Daniel) Hoyos que venció el pasado 31 de mayo”. Aclaró que “el rector (Nina) se encuentra en Buenos Aires y recién el viernes podría brindar todos los detalles”.
Desde ADIUNSa, el secretario general Diego Maita informó que, hasta el momento, tienen contabilizadas por lo menos 36 personas que se quedaron sin trabajo. Entre ellas, ocho periodistas del área de Prensa, seis trabajadores del Comedor Universitario, cuatro del equipo interdisciplinario para el abordaje de las violencias de género, diez de Obras y Servicios, seis del Servicio de Educación a Distancia, una trabajadora del Programa de Inclusión Laboral para Personas Trans y una persona más del Programa de Educación en Cárceles.
“La comunicación fue directa: el Rectorado ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios”, aseguró Maita. Añadió: “No sabemos si esta situación fue extensiva a otras áreas. Es decir que podría haber compañeras y compañeros, de distintas áreas que fueron despedidos intempestivamente, sin aviso previo. Ante esta situación, nos solidarizamos y nos declaramos en estado de alerta”. También manifestó su preocupación por la estabilidad de cargos docentes temporarios, suplentes e internos, así como por los programas especiales como el CIU (Ciclo de Ingreso Universitario).
Por su parte, Stella Mimessi, secretaria general de APUNSa, estimó entre 40 y 50 las personas afectadas y expresó que la preocupación no es sólo por los puestos de trabajo, sino por cómo afectará esta reducción al funcionamiento de áreas clave. “Si bien son trabajadores contratados nos preocupan cómo van a quedar esas áreas que tendrán que realizar la misma tarea con menos trabajadores”, señaló y ejemplificó con el comedor. “Son más de 800 raciones diarias que realizan los compañeros para la comida de estudiantes del IEM, de la UNSa y del Jardín Maternal. Más allá de defender el derecho laboral, vemos que sacar a estos trabajadores afectará el normal desarrollo de la universidad, a la cual seguimos defendiendo porque la queremos inclusiva, con oportunidades para todos y de calidad”, planteó la gremialista.
En respuesta, el rectorado emitió un comunicado en el que negó categóricamente que haya despidos. “Existen contratos firmados por la gestión anterior con vencimientos establecidos al 31 de mayo y al 31 de diciembre de 2025”, aclararon. Y subrayaron que los contratos vencidos fueron suscriptos “por el rector con mandato vencido”, sin intervención de la actual conducción en su confección, vencimientos ni pagos.
En el mismo documento, la Universidad convocó a una conferencia de prensa para el lunes 9 de junio a las 11 de la mañana en el predio de Castañares, con el objetivo de “brindar claridad” sobre la situación y desactivar lo que calificaron como rumores infundados. Lo cierto es que la no renovación de contratos impacta especialmente en áreas sensibles, vinculadas a derechos humanos, inclusión y comunicación institucional.