Uno de los abogados querellantes en la causa contra Leonardo Cositorto y sus socios salteños en Generación Zoe aseguró que las maniobras fraudulentas afectaron gravemente a familias enteras. La audiencia que debía comenzar la semana pasada finalmente dará inicio hoy, a partir de las 9.30, en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial en Salta capital.
El juicio por la megacausa Generación Zoe, en la que se investiga a Leonardo Cositorto como líder de una organización acusada de estafas reiteradas y asociación ilícita, está a punto de comenzar en Salta. Uno de los abogados querellantes, Roberto Barrionuevo, brindó detalles sobre la participación local en la estafa y adelantó que pedirán la pena máxima para los acusados.
Además de Cositorto, están imputados los salteños Ricardo Gabriel Isaac Vilardel —señalado como director de la sucursal local—, Jorge Federico y Ana Lucía de los Ángeles Vilardel, y Vilma Griselda Albornoz. Todos están acusados como coautores de los mismos delitos, en concurso ideal.
“La estafa fue realizada en Salta no solo por el líder de Generación Zoe, sino también por el señor Ricardo Vilardel, su hermana —que era la secretaria— y demás integrantes de la sucursal. Ellos fueron el medio necesario para hacer caer a la gente en un ardid y engañarla”, aseguró Barrionuevo.
Barrionuevo y su colega, Mauricio Ossola, representan a cinco familias víctimas, que forman parte de los 118 damnificados que denunciaron en la provincia. “Solo en el caso de nuestros representados, el perjuicio económico asciende a unos 250 mil dólares. Hay gente que entregó los ahorros de toda una vida. Uno de ellos vendió un auto Logan, otro un VW Fox, otro un terreno. Todo para invertir en una falsa ilusión”, relató.
El abogado cuestionó el argumento defensivo de los acusados locales, quienes aseguran haber sido empleados de Cositorto: “Es una estrategia respetable, pero ellos fueron partícipes necesarios. Recibían el dinero directamente, y de pronto Ricardo Vilardel se benefició bastante. Vivieron una vida de lujos mientras las víctimas quedaron devastadas”.
Respecto a la posibilidad de recuperación económica, el panorama no es alentador. “Hay muy poco dinero secuestrado en el país. Escuché que en otros tribunales Cositorto ofreció 175 mil dólares para repartir entre las 120 víctimas. Eso daría apenas mil dólares por damnificado, cuando muchos invirtieron entre 10 y 20 mil dólares”, señaló.
Barrionuevo también se refirió a los lujosos emprendimientos que la organización promocionaba para captar inversores: “Simulaban tener negocios como Zoe Burger, Zoe Cash, Zoe Fitness, Zoe Natural; hasta decían tener una mina de oro en San Juan, lo cual es falso. En Argentina no se puede comprar una mina, eso es patrimonio del Estado”.
Sobre las declaraciones del imputado, quien pidió un juicio por jurado y acusó a las partes de ser una “corporación mafiosa”, el letrado fue tajante: “No se va a modificar todo un aparato constitucional y procesal por lo que diga Cositorto. Esta causa es anterior a la implementación del juicio por jurado en Salta y, como corresponde, será juzgada por un tribunal técnico”.
En Salta Cositorto afronta el segundo juicio en su contra
Luego de cuatro meses de audiencias, el Tribunal de Juicio de Goya, en Corrientes, condenó por unanimidad a Leonardo Cositorto a la pena de 12 años de prisión efectiva por considerarlo jefe de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa.
También fueron condenados Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino a 8 años de prisión efectiva, por los mismos delitos. En tanto, Javier y Nicolás Medina fueron absueltos, al no encontrarse pruebas en su contra.
En Salta, la Unidad de Delitos Económicos Complejos comenzó a investigar en 2022, luego de diversas denuncias por distintas estafas perpetradas por Generación Zoe. La sede en Salta de la financiera nacional estaba ubicada en la calle Pellegrini 782.
Durante la investigación se determinó que el modus operandi de la empresa consistía en la firma de contratos de fideicomiso (denominados “membresía educativa” o “membresía inteligente”), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares.
A cambio de esa inversión, la financiera prometía un retorno mensual de entre el 7,5% y el 10%, y un rendimiento anual del 120%. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados. Solo en algunos casos se efectuaban transferencias bancarias, operaciones que eran dirigidas a la cuenta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las transferencias realizadas por Cositorto destinadas al pago de empleados e inversores, siendo él el encargado de ejecutar dichas operaciones.