Alberto “Tito” Angulo y Yésica Ferreira soñaban con tener un hogar propio. Después de años de changas, trabajo duro y una indemnización por accidente laboral, reunieron $1.500.000 y compraron un terreno en Lavalle, Mendoza, donde levantaron una modesta vivienda para sus cuatro hijos. Sin embargo, todo se desplomó cuando descubrieron que ese mismo pedazo de tierra ya tenía otro dueño: el cantante Abel Pintos.
El caso, que sacude tanto al mundo del espectáculo como al judicial, comenzó a gestarse a fines de 2022, cuando el banco HSBC, acreedor de la empresa quebrada Olive Grove, puso en venta un campo de 93 hectáreas en San Francisco, un paraje rural mendocino. El predio, sin actividad ni ocupantes visibles, atrajo al socio empresario del músico, quien buscaba expandir un proyecto productivo de olivos y frutos secos.
Aunque las negociaciones comenzaron en 2022, la escritura recién se formalizó en junio de 2024. Para entonces, Pintos y su socio ya eran legalmente propietarios. Lo que no sabían es que en febrero, cuatro meses antes, Angulo y Ferreira habían comprado 1500 metros cuadrados dentro del mismo predio a un hombre llamado Rafael Morales.
Morales, quien aseguraba haber trabajado para Olive Grove y vivir en el terreno desde hacía décadas, les vendió los derechos posesorios ante una escribana. Les entregó planos, papeles, y hasta firmaron la cesión formal. Todo parecía en regla. La familia alambró, instaló un portón y se mudó. El nombre del emprendimiento, “Placer de Olivos”, les sonaba tan prometedor como legítimo.
Pero la ilusión duró poco. En noviembre, durante una gira en San Juan, Pintos aprovechó para conocer personalmente sus tierras en Mendoza, junto al intendente local Edgardo González. En la recorrida se toparon con la familia. “Nosotros compramos esto”, dijeron. Pero para la ley, los únicos dueños eran el artista y su socio.
Ahí estalló el conflicto: los empresarios presentaron una denuncia penal por usurpación. La fiscalía imputó a Angulo y Ferreira y el Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza ordenó el desalojo.
El miércoles 28 de mayo, la escena fue desoladora. Personal judicial y policial ejecutó el operativo entre las 9 y las 18. La familia fue echada con lo puesto. Hoy viven en el terreno prestado por un amigo y no tienen medios para pagar otro lote. “Estamos en una piecita donde apenas entran las camas. Solo queremos que la Justicia vea que actuamos de buena fe”, dijo Angulo en diálogo con la prensa.
El 5 de junio fueron citados a una audiencia clave: buscan el sobreseimiento y que se investigue la estafa sufrida. Mientras tanto, Morales, el supuesto vendedor, permanece prófugo. “Hace dos meses no sabemos nada de él”, señalaron los damnificados.
Desde el entorno de Abel Pintos evitaron profundizar. Aseguran que todo fue legal, que el artista no tuvo contacto directo con la familia y que el emprendimiento productivo seguirá adelante. “Para nosotros, el caso está cerrado”, dijeron.
Sin embargo, para la familia Angulo-Ferreira, el caso recién empieza. Están sin casa, sin ahorros y sin justicia La historia, cargada de grises y marcada por el cruce entre buena fe, estafa y propiedad privada.
Fuente Todo Noticias