El pasado 27 de mayo Ramiro Morizzio, juez de Garantías de Orán, ordenó a la operadora de Puesto Guardián urgentes intervenciones para contener los derrames del pozo petrolero LO-x10, con gastos por su cuenta y sin trasladar responsabilidades a terceros. A esa audiencia judicial, convocada ante un requerimiento de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, la empresa President Petróleum ni siquiera se presentó, pese a que se notificó debidamente a su representación legal bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.
Aureliano Reyes y Ramón Corbalán, productores afectados, en la zona de desastre.
La titular de la concesión se presentó en concurso en octubre de 2024, con una deuda de 61,3 millones de dólares y una larga lista de acreedores entre los que se cuentan inversores que adquirieron obligaciones negociables que emitió en 2022. Esos títulos de deuda, con los que la firma captó fondos, tienen un valor nominal de más de 9 millones de dólares y vencen en seis meses. En el mercado de capitales las calificaciones reflejan un significativo riesgo de incumplimiento y una situación financiera crítica de la operadora del área Puesto Guardián.
A un paso de la quiebra, por el desastre ambiental y biológico de Lomas de Olmedo que pobladores afectados han denunciado sin respuestas desde el 14 de agosto de 2023, President Petróleum entablaría un contencioso federal para cargar las responsabilidades sobre YPF. La petrolera estatal perforó en los años ochenta el pozo inactivo y sin sellado que está causando estragos desde hace dos años. Su cierre, según fuentes entendidas, exigiría complejas perforaciones para detener los derrames con un costo cercano a los 15 millones de dólares.