El Ministerio Público Federal busca avanzar con la imputación contra el diputado nacional Emiliano Estrada este viernes, a las 9. No obstante, el proceso judicial enfrenta un hecho insólito: tres jueces intentan quedarse con el expediente originado en la Justicia provincial por publicaciones denominadas “fake news” contra autoridades provinciales. Cuando la fiscal de ciberdelitos, Sofía Cornejo, empezó la causa, apuntó contra el legislador como supuesto autor intelectual de esos contenidos de TikTok, con ayuda de dos asesores que ya fueron condenados en un juicio abreviado.
El abogado Jorge Ovejero, defensor del diputado nacional Emiliano Estrada, remarcó que “lo primero que se planteó en enero fue la cuestión de competencia”. “Pasaron más de cuatro meses y seguimos sin una definición. Y ahora, encima, esto podría terminar en la Corte Suprema”, dijo.
En enero, la Justicia provincial caratuló el caso bajo los supuestos delitos de peculado de servicios (ya que, supuestamente, esos videos eran encargados a dos asesores y se pagaban con fondos públicos) y de intimidación pública.
En febrero de este año, el juez de Garantías N° 7 de Salta, Pablo Zerdán, resolvió que no era competente para juzgar los hechos, por entender que el eventual desvío de recursos públicos tenía una conexión directa con el Congreso de la Nación, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa resolución fue acompañada por la aceptación de competencia de la jueza federal de Salta, Mariela Giménez, el 10 de febrero.
Sin embargo, el conflicto de competencia se reavivó en los últimos días, cuando dos jueces —uno provincial y otro federal— reclamaron también la jurisdicción sobre el expediente. Por un lado, la jueza de Garantías Claudia Puertas dictó el 29 de mayo una resolución en la que sostiene que nunca dejó de ser competente para investigar el delito de intimidación pública, pese a que su colega Zerdán ya se había pronunciado en sentido contrario. Que vuelva el punto de la intimidación pública a la Justicia ordinaria es inédito. Es que en la Ciudad Judicial tomaron nota de que en el Juzgado Federal ven descabellado encuadrar el delito de intimidación pública. Y lo más complejo aún es que dos exasesores de Estrada (Florencia Bustamante y Javier Allemand) ya fueron condenados en un juicio abreviado.
Por otro lado, desde Comodoro Py, el juez federal Sebastián Casanello pidió la inhibición del juzgado federal salteño para tratar la causa en Buenos Aires, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, un denunciador serial de políticos. Casanello sostiene que, como son fondos nacionales, debe abocarse al tema.
Ante este escenario, el fiscal federal de Salta, Carlos Amad, rechazó que la causa vaya a parar en manos de Casanello o de la jueza salteña Claudia Puertas. Incluso advirtió que, si sale de su jurisdicción, hará apelaciones.
Punto sin resolver
La audiencia de imputación está convocada, pero sigue sin saberse con certeza cuál será el juez que la dirija. “Si se hace ahora y dentro de unos meses el expediente cambia de jurisdicción, vamos a tener que hacer todo de nuevo. Así no se puede garantizar el derecho de defensa”, señaló el abogado Jorge Ovejero, defensor de Estrada. Ovejero remarcó que la defensa ya contaba con resoluciones firmes y claras: una del juez Zerdán declinando la competencia a favor del fuero federal, y otra de la jueza Giménez aceptándola. “Ahora hay tres jueces con pretensiones de quedarse con el expediente. Nunca se vio una cosa así”, sostuvo.
Es por eso que considera que antes de sentarlo a Estrada a una audiencia de imputación, se debe resolver quién será el juez natural.
En Radio Aires, Amad dijo sobre el pedido de la Justicia provincial: “Están pidiendo un imposible”, señaló. “Es un contrasentido: ya se declararon incompetentes una vez”.