El polémico exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue condenado a una pena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de peculado, según el fallo dictado por los jueces Soledad Rodríguez, Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal. Aunque evitará la cárcel, la sentencia incluye una sanción clave: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión generó fuertes reacciones entre vecinos y sectores políticos locales, ya que la pena fue considerada “irrisoria” frente al peso de las pruebas y el perjuicio provocado al erario municipal. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pablo Cabot, había solicitado una condena de cuatro años de prisión efectiva.
La causa se inició por denuncias de miembros del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, que alertaron sobre numerosas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión de Villalba. A esto se sumó un demoledor informe de la Auditoría General de la Provincia, que detectó más de un centenar de anomalías contables y administrativas, incluyendo un faltante de 16 millones de pesos.
Villalba había sido destituido del cargo en 2013, tras seis años de una gestión signada por el atraso en los pagos de sueldos municipales, condonaciones arbitrarias de deudas y una escasa presencia en el municipio: según la auditoría, solo trabajaba 13 días cada dos meses.
Uno de los puntos más graves detectados fue la administración de fondos sociales sin registros ni controles, así como también un manejo opaco de los recursos obtenidos por la “tasa de conservación del pavimento”, cobrada a los vehículos que ingresaban a la ciudad. La diferencia entre lo recaudado y lo invertido en obras superaba los 600 mil pesos.
También se comprobó que la Municipalidad tenía una deuda por cobrar de 9,5 millones de pesos, equivalente casi a su presupuesto anual -de ese momento-, pero no se realizaban gestiones para su recuperación. En paralelo, Villalba otorgaba beneficios fiscales sin justificación, lo que sumó un nuevo elemento a la acusación de peculado.
Pese a estos antecedentes, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey respaldó su continuidad, habilitando adelantos de coparticipación y transferencias que mantuvieron a Villalba en el poder hasta su caída.
En abril o absolvieron por falta de pruebas, en una investigación que sí terminó con condenas para otras tres personas involucradas en trata.
Villalba no solo usó artilugios para demorar el inicio del juicio por peculado por unos 10 años, sino que cuando iba a comenzar en febrero pasado, el abogado de Villaba comenzó a tener indisposiciones en su salud que hicieron suspender el inicio del proceso.
Causa por trata de personas
En abril pasado, Carlos Villalba fue absuelto por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos investigados, y siguió el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado su absolución.
La causa se había iniciado en 2013, tras allanamientos a locales nocturnos de Salvador Mazza donde funcionaban prostíbulos encubiertos. Villalba fue acusado de haber participado en el traslado de dos mujeres desde Jujuy hasta Salta, pero las pruebas recolectadas demostraron que no tenía conocimiento del contexto en el que se realizó ese viaje.
Según declararon las propias mujeres, el exintendente solo había acudido a Jujuy por un pedido de su pareja sentimental, quien se encontraba varada junto a las jóvenes. Al momento del allanamiento, Villalba se hallaba durmiendo y en estado de ebriedad.
El tribunal concluyó que no se había acreditado dolo en su conducta y descartó que hubiera formado parte de una red delictiva. Por el contrario, tres personas fueron condenadas por facilitación de la prostitución, con penas de hasta 5 años y 6 meses de prisión, tras comprobarse que administraban bares donde las mujeres ofrecían servicios sexuales bajo condiciones de vulnerabilidad.
Si bien Villalba logró una absolución en ese proceso, la condena por peculado marca un antes y un después en su carrera política. Con la inhabilitación perpetua, queda formalmente excluido de cualquier función en la administración pública, tras una gestión que dejó profundas secuelas económicas y sociales en el municipio fronterizo de Salvador Mazza.