En una trama que mezcla tierras en disputa, pueblos originarios y una acusación explosiva por extorsión, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, salió al cruce de las acusaciones del empresario y productor agropecuario tartagalense Daniel Sanz. El fiscal negó de forma tajante haber exigido dinero y calificó la denuncia como una operación para apartarlo de un conflicto que involucra tierras comunitarias que estarían siendo explotadas de manera irregular -sin permisos de desmontes- con ganancias multimillonarias.
Según Sanz, Cazón le habría exigido 50 millones de pesos a cambio de permitirle levantar una cosecha en terrenos en disputa. Afirmó incluso haber entregado una primera cuota de 10 millones en la sede de la fiscalía. Sin embargo, el fiscal sostiene que esa versión es falsa, asegura que fue el propio empresario quien firmó un acta compromiso para liberar los terrenos pertenecientes a las comunidades identificadas como el ex Lote Fiscal 4 para finalmente intimarlo a que ratifique o rectifique sus declaraciones periodísticas so pena de iniciarle acciones por calumnas e injurias.
“No hay extorsión, hay justicia comunitaria en marcha”, dijo Cazón, quien presentó documentación para respaldar su accionar y anunció que ya denunció penalmente a Sanz por falsa denuncia y falso testimonio. Además, advirtió que el trasfondo del conflicto es mucho más grave: en solo siete meses, se habría extraído una producción agropecuaria por 1.800 millones de pesos de tierras que no fueron autorizadas para desmonte y posterior producción dejando a las comunidades con apenas una cuota simbólica de 10 millones.
El caso no solo enfrenta a un fiscal, a los dirigentes originarios y a un empresario, sino que abre una investigación sobre vuelos clandestinos, – los originarios aseguran haber sido literalmente fumigados por aeronaves desconocidas- acuerdos incumplidos y la posible complicidad de sectores interesados en desplazar a Cazón del conflicto. En el norte salteño, donde los reclamos territoriales de los pueblos originarios son una lucha histórica, esta denuncia podría tener un fuerte impacto ya que muchos productores ven frustrados sus proyectos de inversión y desarrollo por el impedimento de parte de comunidades originarias.
Por lo pronto, el fiscal asegura que seguirá trabajando para que la justicia actúe en favor de quienes han sido despojados. Mientras tanto, la comunidad observa con atención una trama que podría escalar mucho más allá de las fronteras de Tartagal y Aguaray, donde se localizan las mil hectáreas en disputa.