Durante el acto oficial por el Día del Proveedor Minero, el gobernador Gustavo Sáenz dijo ayer frente a empresarios, funcionarios y trabajadores del sector, el mandatario que la minería seguirá siendo una política de Estado. En ese contexto, anunció dos medidas clave: mayor rigor en los controles sobre las empresas proveedoras de afuera y la decisión de agilizar los trámites para la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA).
“Desde que asumí, todos saben que he tomado a la minería como política de Estado, pero hay muchas cosas que corregir, muchas cosas por hacer”, admitió Sáenz al inicio de su discurso. Aseguró que no se permitirá que firmas foráneas se asocien con empresas locales ficticias para sortear las normativas y quedarse con contratos destinados a salteños. “No vamos a permitir que empresas extranjeras vengan a trabajar en UTE con empresas que ni existen en Salta y que terminan perjudicando a ustedes”, lanzó. “Eso no va a suceder nunca más”, dijo
El mandatario explicó que ya dio instrucciones a la Secretaría de Minería y al Ministerio de Producción para avanzar con una reglamentación más estricta que impida estas maniobras y garantice que los recursos naturales generen oportunidades reales para los proveedores y trabajadores locales. “Si tenemos que volver a legislar para modificar artículos que eviten que los vivos se aprovechen, lo vamos a hacer”, aseguró.
A la par, Sáenz hizo un fuerte llamado a la acción dentro de su propio gabinete. Pidió acelerar los procesos administrativos que muchas veces se convierten en cuellos de botella para la actividad minera, en particular en lo que respecta a las declaraciones de impacto ambiental. “Los famosos días, los famosos permisos, todo eso… rápido, por favor. Porque no lo necesitan ellos, lo necesita Salta”, enfatizó. Y remató: “Pónganse a trabajar 24/7 y saquen las DIA para que puedan hacerlo”.
El gobernador también destacó que hay más de 600 proveedores salteños registrados formalmente y que el objetivo es que cada inversión que llegue a la provincia derrame directamente sobre el entramado económico local. Puso como ejemplo el caso del proyecto Rincón Litio, recientemente aprobado para ingresar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión proyectada de 2.700 millones de dólares. “Esa plata tiene que quedar en Salta”, repitió.
Además, convocó a los propios proveedores a involucrarse más activamente en el control del sistema, invitándolos a denunciar irregularidades.
En la misma línea, Federico Russo, presidente de Capemisa, también tomó la palabra y valoró el rumbo de la actividad minera en Salta, aunque reconoció los desafíos del presente. “De cara al futuro tenemos un panorama prometedor. Hay que aguantar el bache, pero lo que viene es muy bueno”, dijo.