En la mañana de este jueves , el exjuez de la Corte de Justicia de Salta, Pablo López Viñals, se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado provincial para avanzar en forma exprés con su pliego de reelección. La reunión se desarrolló con fluidez y sin cuestionamientos de peso, a pesar de la polémica que rodea su postulación. López Viñals se mostró sonriente, en un encuentro que tuvo más clima de trámite que de revisión institucional.
El abogado y exprocurador concluyó recientemente su primer período como juez de la Corte, correspondiente al régimen anterior a la reforma constitucional de 2021. Dicha modificación, incorporada en el artículo 156 de la Constitución provincial, establece que los jueces del alto tribunal solo pueden ejercer un mandato de diez años sin posibilidad de reelección. No obstante, sus defensores sostienen que la norma no tiene aplicación retroactiva.
El intento por lograr su continuidad cosechó más de 2.000 adhesiones, pero también una fuerte ola de objeciones. El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta advirtió que la postulación viola el nuevo marco constitucional y refleja una “doble vara” en la Justicia. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) respaldó ese planteo, que fue difundido oficialmente en sus canales institucionales.
Las críticas no se limitaron al ámbito jurídico. La Comisión de Familiares contra la Impunidad también expresó su rechazo, señalando la falta de respuestas del sistema judicial salteño durante los años en los que López Viñals ocupó cargos clave. “¿Qué mensaje damos a las víctimas si premiamos a quien no escuchó ni actuó?”, se preguntó Raúl Córdoba, referente de esa organización.
Incluso el periodista francés Jean Charles Chatard volvió a criticar la figura de López Viñals, a quien responsabilizó por la apelación que llevó a la condena del inocente Clemente Vera en el caso de las turistas francesas, anulada recién en 2024 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el plano político, el abogado constitucionalista Armando Caro Figueroa pidió que se retire la postulación para “evitar un conflicto institucional innecesario” y preservar al gobernador Gustavo Sáenz y al Senado de mayores cuestionamientos.
Sin embargo, el oficialismo en la Legislatura se muestra decidido a aprobar el pliego en tiempo récord. El expediente ingresó el lunes y ya fue tratado en la Comisión de Acuerdos, con perspectivas de ser debatido en el recinto en las próximas horas.
Mientras tanto, crece la preocupación por la señal que puede enviar esta designación en términos de respeto a la Constitución y de credibilidad institucional. La polémica reelección de López Viñals vuelve a poner bajo la lupa la relación entre justicia y poder político en Salta.