Un observatorio independiente no solo observa: cumple funciones estratégicas que reinsertan a la ciudadanía en el centro del poder público. Control social, transparencia, acceso a la información, evaluación de políticas públicas, alerta temprana y vínculo entre el Estado y la sociedad. No son palabras técnicas: son herramientas concretas para garantizar que los funcionarios recuerden que gobiernan en nombre de otros, no sobre otros.
El observatorio traduce lo que el poder dice; pregunta sobre lo que oculta, alerta sobre lo que silencia y explica lo que complica. Las políticas públicas inútiles, los gastos sin sentido, las malas decisiones y los malos tratos a los ciudadanos, la falta de eficiencia y eficacia, e incluso conductas que configuran delitos —como el incumplimiento de deberes o la corrupción— no nacen de un día para el otro. Comienzan con la ausencia de control, la opacidad y el silencio técnico. Un observatorio actúa antes: produce “ruido” preventivo, al identificar anomalías, alertas, silencios administrativos y zonas grises.
La confianza social
La confianza social en las instituciones públicas está en franco retroceso. Salta no es la excepción. Frente a la falta de transparencia, la debilidad de los controles estatales y la ausencia de rendición de cuentas, resulta urgente crear una herramienta de observación autónoma: un Observatorio de la Actividad del Estado, impulsado desde la sociedad civil, independiente, transversal y sin vínculos con el poder político.
Este artículo propone esa herramienta ciudadana y la justifica tomando como ejemplo paradigmático la crisis del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), caso que revela las consecuencias del funcionamiento opaco y discrecional del Estado.
¿Por qué un Observatorio independiente?
Un observatorio independiente es un espacio técnico, plural y no estatal que analiza el accionar de los organismos públicos. No depende del gobierno ni de partidos políticos. Su legitimidad proviene de su independencia, su base ciudadana y su compromiso con la transparencia institucional.
Sus funciones clave son:
– Observar y monitorear políticas públicas.
– Publicar informes periódicos y accesibles.
– Detectar desvíos, abusos o posibles hechos de corrupción.
– Activar alertas tempranas ante crisis institucionales.
– Fortalecer el control ciudadano.
Frente a un Estado que se cierra sobre sí mismo, esta herramienta ofrece una mirada externa, rigurosa y comprometida con el bien común.
IPS, en un Estado sin control
El IPS brinda cobertura médica –mayormente- a los empleados públicos salteños. En los últimos meses, colapsó. Dejó sin prestaciones médicas a miles de afiliados. Clínicas y profesionales suspendieron servicios por deudas millonarias. El Estado reaccionó tarde y mal. La información fue negada, fragmentada o directamente ocultada.
Este colapso sanitario no fue imprevisto: fue anunciado y evitable. Lo que falló no fue solo la administración, sino todo el sistema de control institucional. Nadie advirtió. Nadie previno. Nadie explicó. Este episodio muestra que el Estado no está dispuesto a vigilarse a sí mismo. Y que cuando lo intenta, lo hace de forma endogámica, ineficiente o subordinada a intereses políticos.
El IPS acumuló una deuda superior a los dos mil millones de pesos con prestadores de salud. Esa deuda fue negada durante meses. Las auditorías internas no se conocen. Las cuentas públicas no se publican. Las decisiones se toman sin justificación ni análisis de impacto.
La Auditoría General confirmó que los pasivos estaban subregistrados. El IPS, en los hechos, es una caja negra estatal. Y lo más grave: no existe hoy ningún mecanismo autónomo capaz de producir un diagnóstico confiable, técnico y objetivo sobre su funcionamiento.
En este contexto de oscuridad, los riesgos de discrecionalidad, favoritismos, irregularidades administrativas o corrupción se multiplican. La falta de datos no es un detalle técnico: es el síntoma de una institucionalidad enferma.
El error que lo expuso todo
El Ejecutivo provincial intentó, en plena crisis, modificar el régimen de afiliación de los jubilados al IPS, generando una ola de rechazo social. El gobernador se vio obligado a retirar el proyecto y declarar públicamente: “Cometimos un error, y me hago cargo”. Reconoció haber sido mal asesorado y admitió que no evaluaron el impacto real.
Este hecho ilustra cómo las decisiones públicas se están tomando en circuitos cerrados, sin información precisa, sin escucha ciudadana y sin mecanismos de advertencia. Eventualmente, si hubiera existido un Observatorio, esa propuesta habría sido evaluada técnicamente antes de generar angustia, rechazo social y descrédito institucional.
La mirada civil sobre el Estado
El caso del IPS refleja un problema estructural: el Estado provincial no cuenta con mecanismos confiables y autónomos de control interno. La respuesta debe surgir desde afuera, desde la sociedad civil organizada y profesionalizada.
Un Observatorio Independiente no reemplaza al Estado, pero lo obliga a rendir cuentas. No impone sanciones, pero instala verdades incómodas. No busca protagonismo político, sino mejorar la calidad institucional.
Entonces, ¿cuál es su naturaleza y qué debe hacer este Observatorio? El Observatorio de la Actividad del Estado debe ser:
* Independiente del poder político y económico.
* Sostenido por universidades, ONGs, colegios profesionales, medios, sindicatos y ciudadanía activa.
* Financiado en forma autónoma (sin aportes estatales).
Sus funciones incluirán:
* Monitoreo de organismos clave (como el IPS, sociedades del Estado, etc.).
* Publicación de informes trimestrales.
* Visualización de indicadores públicos.
* Auditorías ciudadanas temáticas.
* Desarrollo de alertas tempranas.
* Difusión de datos abiertos y entendibles.
Será un espacio donde la sociedad civil observe lo que el Estado no quiere mostrar.
El IPS es solo un caso. Lo mismo —en otras escalas— ocurre en múltiples organismos del Estado provincial.
Empresas públicas deficitarias, entes autárquicos sin control, ministerios que operan sin datos ni evaluaciones, y políticas públicas que se formulan sin participación ni evidencia.
Este Observatorio debe tener una mirada sistémica. No nace para enfrentar a una gestión puntual, sino para instalar una nueva cultura institucional: la cultura del control público desde la ciudadanía.
En este sentido, debe ser una herramienta concebida desde y para la sociedad civil. Ergo, no dependerá de leyes, decretos ni partidas presupuestarias públicas. Nacerá de la alianza entre sectores diversos: academia, ciencia, trabajo, organizaciones sociales, medios y ciudadanía.
Su autoridad no estará en un cargo político, sino en su legitimidad técnica, su compromiso ético y su utilidad social. Será, a la vez, una señal de madurez democrática y un instrumento real de transformación y crecimiento.
Sin control ciudadano, el poder se desvía
La degradación institucional no ocurre de un día para el otro. Se gesta en la rutina opaca, en el expediente que nadie revisa, en la cuenta pública que nadie cuestiona, en la decisión política que se toma sin fundamentos ni consecuencias.
El caso del IPS no es una excepción: es una advertencia.
Frente a este escenario, la sociedad civil no puede esperar más. Crear un Observatorio Independiente de la Actividad del Estado no es una propuesta idealista: es una necesidad concreta, urgente y estratégica.
Una herramienta para prevenir lo que ya no se puede permitir: decisiones arbitrarias, gestiones ineficaces, abusos de poder y desvíos que dañan vidas reales.
El poder que no se observa se corrompe. El gasto que no se analiza se malgasta. El funcionario que no rinde cuentas se olvida a quién sirve.
Es hora de que la ciudadanía organizada mire de frente al Estado y ejerza su derecho a saber, entender, controlar y exigir. Porque sin control ciudadano, no hay república. Solo poder concentrado.