El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los mandatarios provinciales que participaron este martes de una videoconferencia convocada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para analizar el llamado Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, más conocido como el proyecto del “dólar colchón”.
La propuesta busca que los dólares ahorrados por fuera del sistema formal ingresen al circuito bancario y puedan utilizarse para consumo, inversión o como respaldo de créditos. La Casa Rosada intenta que las provincias acompañen la iniciativa sin aplicar trabas, controles o impuestos locales, una postura que ya anticipó que tomará el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se manifestó abiertamente en contra.
Durante el encuentro virtual, Caputo brindó detalles técnicos del plan y respondió inquietudes de los gobernadores sobre el posible impacto fiscal en cada jurisdicción. Desde Nación insistieron en la necesidad de que el dinero guardado —fuera del sistema financiero— se movilice y reactive las economías regionales a través de la compra de bienes como inmuebles o vehículos.
Además de Sáenz, participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Daniel Abad, ministro de Economía de Tucumán. Todos integraron el primer bloque de la reunión.
En representación del Gobierno nacional estuvieron también Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.
Uno de los puntos abordados fue la firma de convenios de intercambio de información fiscal entre Nación y provincias, en el marco del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Además, se anticipó que en una próxima etapa se enviará al Congreso un proyecto para elevar los umbrales a partir de los cuales se configura evasión fiscal, con el objetivo de otorgar mayores garantías legales a quienes regularicen sus ahorros.
El Gobierno busca evitar que otras provincias sigan el camino de Buenos Aires y bloqueen el ingreso de divisas no declaradas. Según trascendió, las autoridades nacionales intentan evitar la judicialización del plan y buscan consenso político antes de lanzar formalmente el régimen.