Fiscales brasileños dijeron el martes que están demandando al gigante chino de vehículos eléctricos BYD y a dos de sus contratistas por acusaciones de utilizar trabajadores en condiciones laborales similares a la esclavitud y participar en tráfico internacional de personas.
La Procuraduría Laboral del estado de Bahía informó en un comunicado que solicita 257 millones de reales brasileños (50 millones de dólares) en daños y perjuicios a BYD, China JinJiang Construction Brasil y Tecmonta Equipamentos Inteligentes.
La demanda surge de una investigación que condujo al rescate el año pasado de 220 trabajadores chinos de la obra de la nueva fábrica de BYD en la ciudad de Camaçari. La fiscalía afirmó que los trabajadores fueron traídos a Brasil con engaños y visas que no se correspondían con sus puestos de trabajo.
Las condiciones laborales eran extremadamente degradantes. Cinco asentamientos estaban bajo el control de BYD, JinJiang y Tecmonta. Algunos trabajadores dormían en camas sin colchones y llevaban sus pertenencias personales junto con la comida —declaró la fiscalía—. Había pocos baños, que no estaban asignados por género. En uno de los asentamientos, había un solo baño para 31 personas, lo que obligaba a los trabajadores a levantarse a las 4 de la mañana para su higiene personal antes de ir a trabajar.
A los trabajadores se le retenía el pasaporte y eran constantemente vigilados por personas “armadas” para cumplir jornadas “agotadoras, sin descanso semanal”.
Estaban obligados a “pagar una caución” y tenían hasta el “70 % de sus salarios retenidos” en caso de una rescisión anticipada del contrato.
Una vista de dron muestra los autos eléctricos BYD de China desembarcando del buque Porgy de Wallenius Wilhelmsen, en el puerto de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo, Brasil, el 16 de abril de 2025 (REUTERS/Gabriel Lordello)
BYD no hizo comentarios tras una solicitud de The Associated Press. En diciembre, un portavoz del fabricante de automóviles chino se opuso a los informes sobre las malas condiciones en la obra en Brasil, afirmando que las acusaciones buscaban difamar a China y a las marcas chinas.
Los fiscales también pretenden obligar a las empresas a cumplir varias normas laborales y piden una multa de 50.000 reales por cada infracción, multiplicada por el número de trabajadores afectados.
BYD afirmó que está comprometida con la defensa de los derechos humanos y respeta las protecciones laborales brasileñas e internacionales. La empresa también dijo en un comunicado que ha estado cooperando con los fiscales.
Cuando se conoció la noticia de los trabajadores chinos en diciembre del 2024, un portavoz de BYD, Li Yunfei, se opuso vehementemente a las acusaciones.
“En materia de difamación de marcas chinas, difamación de China e intentos de socavar la amistad entre China y Brasil, hemos visto cómo fuerzas extranjeras relevantes se asocian maliciosamente y difaman deliberadamente”, afirmó, criticando también los informes de los medios sobre la situación.
En la legislación brasileña, las condiciones análogas a la esclavitud se caracterizan por la sumisión a trabajos forzados o jornadas laborales agotadoras, la sujeción a condiciones de trabajo degradantes y la restricción de la libertad de movimiento del trabajador.
Las condiciones de vida de los trabajadores migrantes de la construcción pueden ser bastante espartanas en muchas partes del mundo en desarrollo, y ese trabajo a menudo implica contratos que requieren que los trabajadores devuelvan grandes sumas de dinero utilizadas para conseguir los empleos, a pesar de las leyes que prohíben tales acuerdos.
(Con información de AP, EFE y Reuters)